Lo hizo la Defensoría del Pueblo en el marco de la emergencia económica por la pandemia de coronavirus. Ante el incremento de más del 50% en la tarifa de agua potable de esta semana, estudia nuevas presentaciones.

El pasado 16 de abril el organismo “solicitó a la empresa prestadora del servicio de agua potable que suspenda todo tipo de recargo y/o intereses a las sumas adeudadas por usuarios que se encuentren atrasados en el pago de la factura, así como el cese de las intimaciones de pagos mientras dure el aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto por el Poder Ejecutivo de la Nación como consecuencia de la pandemia COVID-19”, informó por entonces.

Fue cuando la firma prestataria del servicio, Aguas de Corrientes, suspendió el incremento que ya tenía planificado para esa fecha.

Medida que sí la ejecutó esta semana y generó sorpresa en los usuarios residenciales y comerciales; en los primeros la suba trepó hasta un 50% mientras que locales alcanzó entre 70% y 100%.

El pasado 8 de octubre informó al ente regular de la provincia, Administración de Obra Sanitaria de Corrientes (AOSC), que llevará adelante la suba en el servicio esencial. Aviso que el organismos estatal no objetó en lo mínimo.

“El fundamento de la solicitud es el riesgo que implica para la salud de los usuarios (y sus familiares) concurrir a las oficinas de la empresa o algún centro de pago; y en la situación económica que atraviesan las personas que se encuentran desocupadas como consecuencia de la cuarentena”, remarcó la Defensoría provincial.

“Solicitamos a la empresa Aguas de Corrientes S.A. tenga en consideración que, a través del Decreto N° 632/20, el Poder Ejecutivo de la Provincia de Corrientes facultó a los prestadores de servicios públicos en todo el territorio de la provincia, a emitir facturaciones con consumos estimados, considerando el consumo registrado en el mismo período del año anterior u otro mecanismo similar a consideración del prestador y evitando provocar menoscabo a los usuarios”, fue la fundamentación de la Defensoría en abril pasado.

A siete meses de dicha solicitud la situación económica de la población en general, es más complicada, justamente por efectos colaterales de la pandemia que tienen que ver con el enfriamiento de la economía.