El 10 de diciembre se cumplió un año del gobierno de Alberto Fernández. La deuda de la gestión que sucedió a Mauricio Macri es descomunal. Los principales medios corporativos/periodísticos lo recordaron y le señalaron las promesas incumplidas al presidente de la Nación.

Obviamente la cuestión central es ver cuánto impactó en el pobre resultado de la gestión de Alberto la pandemia que sacude al mundo desde poco antes de terminar el 2019 en el lejano oriente y concretamente a la Argentina desde el mes de marzo.

La cuenta del brutal impacto del Coronavirus que todavía afecta duramente a la economía nacional, explica los altos niveles de reconocimiento que tiene Alberto Fernández sobre la mayoría del electorado. La realidad explica las fuertes operaciones que despliegan los medios que intentan armar una realidad distinta.

En ese marco, podría explicarse además el furibundo empuje de la Corte Suprema que afortunadamente ha sido denunciado por la vicepresidente Cristina Fernández y también por el propio presidente Alberto.

La causa de Amado Boudou tiene destino asegurado ante tribunales supranacionales. Seguramente la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El más raso de los reos tiene derecho a saber por qué lo condenan.

Claro que eso demandará años. Ese es el terreno que abona Cambiemos, ahora denominado Juntos por el Cambio. Le sirvió para ganar las elecciones en 2015, pero la realidad termina imponiéndose. El gobierno de Alberto Fernández es la confirmación.

¿Eso quiere decir que la pandemia está ocultando una buena gestión? Para nada, pero el rebote de la economía que había tocando fondo está demostrando que hay luz al final del túnel. En el medio, está claro que el sector de la economía que se benefició del hundimiento mayoritario de los argentinos en los cuatro años precedentes a esta gestión ya no lo es.

Ese cambio de paradigma es el genera todavía mayor esperanza. Es la confirmación de que Argentina transita un tiempo nuevo, no ajeno de apremios y durezas, pero distinto. Mientras tanto, las provincias tienen que desplegar nuevas estrategias.

Le da lógica a la conformación del Grupo del Norte Grande que encabezó en las últimas horas el gobernador Jorge Capitanich. La presencia de los radicales, Gustavo Valdés y Gerardo Morales, terminó confirmando que las necesidades de las provincias menos favorecidas del territorio nacional no eran una prioridad en la gestión de Mauricio Macri.

Quizás eso explique la desaparición de la unidad del Norte Grande en esos cuatro años, aunque no lo hace en relación con la necesidad de volver a definir diagnósticos cuando la demanda es el tratamiento efectivo como puntualizó el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán.

El compromiso que impone el presidente de la Nación a su gestión explica la enorme expectativa que generó la media sanción de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Es muy fuerte la posibilidad de que el Senado lo termine transformando en ley. A su vez, la postura de los diputados chaqueños explica el atraso en el que vive la clase política en la provincia

El tema no fue tocado como en la oportunidad anterior en la Legislatura provincial. Los dirigentes políticos locales prácticamente no se explayaron sobre el tema y el inefable subsecretario antipiquetes oficialistas, que en la semana fue ratificado explícitamente por Capitanich en una entrevista con el portal Chaco Día por Día, consideró que los chaqueños eligen mal a sus representantes y por eso se dio el resultado favorable a la ampliación de derechos en la Cámara de Diputados.

La construcción de una realidad inexistente, pero sólo sostenida en el discurso, no le permitió reparar al delfín del gobernador Capitanich que, de siete diputados nacionales chaqueños, seis votaron en contra y una sola a favor. Entre ellos Aída Ayala que cambió el sentido de su voto, lo que revela la debilidad de sus convicciones. Antes o ahora.

El gobierno de Capitanich también cumple un año. Es su tercer mandato y como en otros, sus propias contramarchas ponen interrogantes sobre sus propias convicciones. Su defensa al sargento Gustavo Olivello, transforma en signos de pregunta cuál es su papel en este 13 de diciembre en el que terminará honrando a las víctimas de la Masacre de Margarita Belén. Su subsecretario estrella considera que la lucha en defensa de los derechos humanos es una cuestión ideológica y no definitivamente jurídica, tal como imponen la Constitución Nacional y los Pactos Internacionales que la reforma de 1994 le dieron la misma jerarquía que la Carta Magna.