La vicepresidente Cristina Fernández agitó el avispero interno, tanto que el presidente Alberto Fernández, salió a cruzarla. La principal dirigente del Frente de Todos, logró lo inimaginable que lo medios concentrados terminen apoyando a los dirigentes de los movimientos sociales, a quienes diariamente repudiaron, hasta ahora.

Cristina en un acto organizado por la CTA de Hugo Yasky, preguntó ¿cuándo el Estado va a recuperar el control de los planes sociales? El interrogante, fulminante, apuntó a la cabeza de los movimientos que hoy son uno de los principales sectores de oposición al gobierno nacional, por fuera de la política, en donde Cambiemos o la rancia ultraderecha no dejan palabra sin cuestionar.

Automáticamente se disparó el cuestionamiento de quienes intencionadamente leyeron que la vicepresidente había cruzado al sistema de planes, a sus beneficiarios, y no a sus dirigentes que se han constituido directamente en gerentes, y que por vía de comisiones mínimas o no tan mínimas le encontraron la vuelta al sistema, algunos de ellos, enriqueciéndose a costa del sector más frágil de la sociedad.

En algún momento, desde la implementación de este tipo de beneficio o ayuda social, el sistema terminó desmadrándose. Pero cuándo fue que sectores que no son el Estado tienen el poder para dar altas y bajas y con ello quebrar la voluntad de los beneficiarios, obligándolos, como mínimo a concurrir a marchas que muchas veces no tienen idea de por qué se llevan a cabo, y como máximo aceptar entregar una parte del magro haber que perciben.

Puede ser ésta la causa de la fuerte presión de los movimientos, empujados por sus lideres, que protestan por la decisión del gobierno nacional de no liberar nuevos planes, de no otorgar aumentos al ritmo que demanda el presunto enriquecimiento. Y paralelamente, de la multiplicación de nuevos movimientos que periódicamente debutan con algún corte de calle o ruta, aunque para ello, alcance con poner cabeza abajo unas pocas bicicletas para interrumpir el tránsito.

Un planteo cercano a la lógica de la derecha permitiría suponer que si el beneficiario de un plan social, sólo quiere cobrar el monto que percibe mensualmente, pero no quiere efectuar ningún esfuerzo a cambio, en lugar de concurrir a una marcha se quedaría definitivamente en su casa. ¿Qué lo empuja a salir a marchar, entonces?
Obviamente una simplificación de este tipo podría caratularse como irresponsable, porque está dejando en paralelo la implicancia de que todos los asistentes a una marcha no tienen ideales propios y la multiplicación de protestas en todo el país, sin distinción está exclusivamente motivada por una bajada de línea de los gerentes ahora cuestionados.

Justamente es hacia dónde apuntó la vicepresidente. ¿Cuándo nacieron estos gerentes? No hay una fecha cierta, pero está claro que el momento podría coincidir con la idea de transformar los planes en empleo y a partir de la implementación de cooperativas de trabajo.

Las cooperativas de trabajo, tienen por la conformación misma de su estructura institucional una conducción formal, reconocida a partir de la personería que obliga el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social para otorgarle reconocimiento.

De presidir una cooperativa a ser dirigente de un “movimiento social” prácticamente no hay ningún otro paso. Sumarle a eso, la posibilidad de dar altas y bajas, permite erigir al líder en una persona poderosa.

Es imposible no recordar que en la provincia del Chaco se suicidó el dirigente de un movimiento social acusado de trata de personas a cambio de otorgarle o mantenerle un plan social a sus beneficiarias, y su esposa fue condenada, además de un ex funcionario de la gestión de Domingo Peppo.
Hace tres semanas un escándalo golpeó también a la provincia del Chaco, cuando una beneficiaria de un plan denunció que la titular del movimiento social le obligaba a darle un retorno para poder seguir cobrando. La incidencia del dinero en devolución es lo que movió a la joven a escracharla en las redes sociales.

Salvo en el caso del movimiento “No me olvides” que terminó en un juicio en la Justicia Federal, los otros “escándalos” no terminaron con medidas respecto de los dirigentes. La Justicia solicitó alguna vez el desafuero del entonces diputado de Libres del Sur, Carlos Martínez, en una causa vinculada a esta cuestión, aunque es de suponer que el ex legislador fue sobreseído, porque cuando terminó su mandato y ya no tenía fueros, no fue requerido.

En febrero de 2021, dos camiones con mercaderías de Desarrollo Social fueron sorprendidos bajando esa ayuda social en un comercio privado del interior de la provincia. La mercadería estaba destinada a un movimiento social, cuya principal dirigente apareció rodeada de vehículos de alta gama en fotografías publicadas por ella misma en redes sociales.

Todo esto ocurre sin que Desarrollo Social tome ninguna clase de medidas, y se desconoce lo que la Justicia pudo haber hecho, aunque la sensación que queda es que salvo el caso gravísimo de mujeres reducidas a la trata, no hubo ninguna sanción.

Retomar el control del Estado respecto de los planes quitaría del medio esta clase de negociados y arbitrariedades, aunque no es menos cierto que existe el riego de especulación con la asistencia social, como ya ocurrió y tal vez siga pasando.

Tampoco puede decirse que este fenómeno existe exclusivamente en el ámbito de los movimientos sociales. No son muchas, pero hay denuncias de empleados del Congreso a quienes le quitaban parte de su sueldo, bajo apercibimiento de dar de baja los contratos. Y no se puede descartar que eso siga existiendo en el terreno de la política.

Pero de lo que no puede haber dudas es de que la vicepresidente planteó un debate y por el nivel de respuesta es claro que pisó un callo. Igualmente, lo que está pendiente no es tanto la discusión sobre el diagnóstico, sino la de las respuestas o alternativas para encauzar definitivamente el problema.