Un Tribunal porteño condenó al policía Luis Chocobar a la pena de dos años de prisión en suspenso por homicidio agravado por el uso de arma de fuego cometido con exceso en el cumplimiento de un deber. El fallo abrió una enorme polémica en medio de un fuerte reclamo social, agitado por la derecha argentina, que en la persona de Patricia Bullrich llegó a hacer acto de presencia en la jornada crucial en la que se dio a conocer el veredicto.

La Justicia porteña, con su decisión permite abrigar esperanzas en respecto de una jurisdicción que está colonizada por el modelo que el partido que presidente Bullrich quiere irradiar a toda la Nación.

El ex presidente Mauricio Macri también expresó su contrariedad y a ellos se sumó el presidente del Comité Nacional de la UCR, Alfredo Cornejo. No es un tema cualquiera ni un momento cualquiera. El radicalismo como partido político, históricamente, fue la reserva institucional de la defensa de los Derechos Humanos en el país. Del peronismo de los 70 surgió la Triple A. Obviamente no todo el peronismo acompañó ese proceso ultraderechista, sobre la base de que fue justamente el Justicialismo el que puso, posiblemente, la mayor cantidad de víctimas de terrorismo de Estado de la última dictadura militar.

Tal vez esto permita comprender que, aún la mínima condena que recibió el Policía Chocobar, fuera repudiada por los partidos neoconservadores que encabeza el PRO y sus aliados y que el espacio progresista nacional o aplaudió el veredicto o se limitó a acatarlo sintiendo en cierta medida que se había hecho Justicia. Es cierto que hay sectores más duros que pretendían un fallo todavía más duro.

La sentencia en cambio, no fue sorpresa. La propia Fiscalía acusadora no había solicitado más de tres años justamente por un “exceso en el cumplimiento del deber”. Por fuera de la pretensión de la querella que representaba a los familiares del ladrón asesinado y que reclamaba la prisión perpetua por considerarlo un caso de gatillo fácil.

Una pericia, aparece como clave, para que el Tribunal resolviera el caso. De todas maneras los fundamentos del fallo se conocerán recién en agosto. Los límites de la calificación final que determinaron la condena están contenidos en el Código Penal y los jueces evidentemente se ciñeron a ello.

Determinar si Chocobar disparó al suelo y la bala rebotó y entonces sí dio en el ladrón que había asaltado y apuñalado a un turista norteamericano o si por el contrario el policía municipal de la ciudad de Avellaneda en el conurbano bonaerense, tiró a matar por la espalda a un delincuente fue crucial para llegar a este quantum de la pena aplicada. Entre una y otra circunstancia puede determinarse con precisión cuál fue la intención del efectivo de seguridad al momento de provocar la muerte.

La Justicia penal se aboca a hechos y en la causa que se investiga los hechos relacionados con la muerte del asaltante del turista, de acuerdo a este fallo, es posible -hasta que los fundamentos lo digan- que haya quedado esclarecido que Chocobar actuó con negligencia y por tanto sea responsable del homicidio.

En los años del gobierno de Macri, cuando este crimen ocurrió (diciembre de 2017), el homicida no solamente fue defendido por el presidente, o su ministra de Seguridad de entonces, sirvieron de base para sustentar un modelo que pretendió ser impuesto en relación con la aplicación de armas letales en poder de las fuerzas policiales.

En rigor, el acceso al poder del Frente de Todos, sirvió como un freno para la aplicación de esa doctrina, que hubiera continuado en vigencia hasta hoy e incluso hubiera entrado en colisión con este fallo.

La negligencia que lo llevó a cometer el homicidio habla además de la capacitación que tienen los miembros de las fuerzas policiales en esta materia. Esa falta de preparación es la que deja al albedrío de una persona no suficientemente preparada la decisión de desenfundar un arma y disparar en dirección a un ladrón que se da a la fuga.

Pero si un funcionario policial armado no sabe qué hacer, centenares de miles de civiles menos aún. Mucho menos si sus referencias políticas empujan este tipo de doctrinas, que normalizan esta clase de abusos.

Es preciso sacar este tema de los tironeos políticos. El radicalismo fue un duro defensor de los derechos humanos. En conjunto con el Justicialismo, después del Pacto de Olivos, le dieron jerarquía constitucional, en la reforma del año 1194, a una serie de Pactos Internacionales que obligan al país.

Argentina no puede retroceder en esas materias, a menos que el propio Estado decida hacerlo. Para ello tiene que denunciar los pactos antes mencionados con una mayoría agravada del Congreso de la Nación, algo que ni siquiera los partidos de la derecha más rancia aparecen dispuestos a promover.

Es por esto que agitar doctrinas autoritarias está bien en el contexto político, son recibidos con beneplácito por la ciudadanía que, agobiada por las dificultades económicas (también relacionadas con las cuestiones de inseguridad), pretenden soluciones que ni el gobierno anterior, ni el actual están acertando a encontrar. Pero que en el fondo es apenas pirotecnia partidaria y electoral con limitados fines políticos, pero que en los hechos no tienen nada que ver con las transformaciones que hacen falta aún para poner de cabeza el Estado de derecho actual, que hasta ahora -y es de esperar que por siempre-, justifica el fallo que condenó a Luis Chocobar.