El gran espaldarazo que la publicación de la revista Lancet le dio a la vacuna Sputnik terminó por liquidar ese debate sobre la principal arma contra el coronavirus fronteras adentro de la Argentina. Sin embargo, el anuncio científico llega cuando el Fondo de Inversión Ruso informó que las cantidades prometidas no llegarán ni en el mes de enero que finalizó ni el mes en curso.

Sin embargo, pese al dramatismo que plantea esa noticia el debate de las últimas horas fue la encrucijada en al que el gobierno volvió a meterse sin que nadie lo llevara. La pobre calidad de la carne que el Ejecutivo prometió a bajo precio para atender la imparable suba de precios sobre los alicaídos bolsillos de las clases medias y bajas de la Argentina.

Esa cuestión de coyuntura tiene sin embargo elementos de fondo. El electorado que puso en el gobierno a los Fernández está esperando, tal vez, no soluciones a problemas que enfrenta a partir de la herencia de los cuatro años catastróficos del gobierno de Mauricio Macri, pero por lo menos advertir el coraje de un gobierno que está dispuesto a disputarle espacios al poder real.

La redistribución del ingreso forma parte de esa demanda de un electorado que espera. No es un momento cualquiera, es el tiempo en que empezaron a discutirse las paritarias. El presidente Alberto Fernández se congratuló tras conocerse el acuerdo de la Asociación Bancaria con los Bancos. El 29% de incremento conseguido por el gremio es el porcentaje que el presidente espera que el resto de las paritarias no traspasen para mantenerse dentro de los planes elaborados para contener la inflación.

El salario inicial de los trabajadores bancarios estará entonces cerca de los 100 mil pesos. Celebrar eso como lo ha hecho el presidente abre interrogantes en realidad sobre la situación del resto de los trabajadores. En la provincia del Chaco más del 70 por ciento de los trabajadores públicos, empleados de la administración central, docentes, policías, e incluso de otros poderes, como el Legislativo o el Judicial se encuentran por debajo o en el límite de la pobreza.

A eso debe agregarse que sobre esa misma masa de trabajadores que perciben haberes de parte del Estado caerán aumentos de servicios, como los que pretende contra viento y marea el municipio de Resistencia o agregó ahora la propia Provincia en servicios elementales como agua y luz.

Para enfrentar eso, pese a compromisos contraídos por el propio Jorge Capitanich el año pasado, el Ejecutivo chaqueño está enviando señales de que los aumentos no serán ni siquiera del nivel que el presidente Alberto Fernández promueve desde la presidencia y, como ya se hizo desde hace varios años, será en cómodas cuotas que terminan deprimiendo más todavía el poder adquisitivo de las familias chaqueñas.

El ministro de Economía de la Nación, Martín Guzmán, dijo el miércoles en la noche en televisión que este año "los salarios tienen que crecer más que los precios", al anticipar la posición del Gobierno sobre la negociación que se convocará para la semana próxima con empresarios y sindicatos.

Pero además sostuvo que "no va a haber techo para las paritarias, el crecimiento de los salarios es condición necesaria para el crecimiento económico", e indicó que "las jubilaciones tienen que recuperar el poder adquisitivo que perdieron con el gobierno anterior".

Santiago Pérez Pons, nuevo ministro de Economía del Chaco y presunto hombre del riñón de Guzmán tiene ahora un dilema. O avanza en la línea que el propio Capitanich está marcando o en la que dice en los medios su referente económico.

Salvo que el argumento sea, como ocurrió durante todo el gobierno de Mauricio Macri que la forma en que se normalizarán las cuentas públicas será aplicando otro nuevo ajuste, como el que ya viene ocurriendo desde hace por lo menos seis años sobre los ingresos de las familias del Chaco.

A esta catarata de malos presagios sobre los ingresos de los sectores medios y bajos de la provincia se suma ahora la denuncia que lanzó la oposición. El activo diputado Livio Gutiérrez, advirtió que este mes debe sancionarse la armonización previsional. Un augurio de reducción de las jubilaciones para los nuevos pasivos que adquieren ese carácter a partir de la sanción de la nueva ley.

La definición más fina pasará ahora por entender si una decisión como esta se da de bruces con una enmienda constitucional promovida por el propio Capitanich para evitar la transferencia de la caja previsional chaqueña a la Nación.

Desde el gobierno de Carlos Menem en que la mayoría de las provincias transfirió a la Nación sus cajas previsionales, se discutió la posibilidad de que el Gobierno nacional termine financiando los déficits de los que no lo hicieron. Pasaron el gobierno de De la Rua, el interinato de Eduardo Duhalde, los gobiernos de los Kirchner y el de Macri. En el Chaco, el de Roy Nikisch, los de Capitanich, el de Domingo Peppo y otra vez Capitanich y en este momento, en momento en que el compromiso era devolver a los argentinos lo que la gestión del macriato les arrebató parece como que finalmente la armonización tiene una oportunidad. ¿Será el éxito de Pérez Pons y su estrecha relación con Guzmán?