Contra lo que el gobierno de la provincia pensaba, no habrá retroceso en la decisión del presidente Mauricio Macri de convocar a las paritarias nacionales docentes. El piso para los salarios de todos los maestros del país era la base sobre la cual se negociaban en particular en las provincias los haberes del sector público.

 

Como con el futbol, Macri parece no desdecirse en el tema salarial docente y con esto pone en aprietos a los gobernadores que no encuentran un techo argumental al ofrecimiento que harán a los maestros, en rigor a todos los empleados públicos.

 

Repudiados por el impacto presupuestario que representan los empleados públicos, en provincias como el Chaco constituyen un motor para la economía, oprimida a propósito para bajar la inflación y flexibilizarla en el año electora para mostrar los brotes verdes.

 

Quiéranlo o no, representan una porción importante de la sociedad y tienen un peso más que importante para definir la tranquilidad o no en la cuestión gremial en el año electoral.

 

De todas maneras, no es que el gobierno nacional se haya desentendido del tema. Lo que ha hecho la Nación es sentar una base sobre la que no quiere discutir. Para la Nación el salario mínimo de los docentes será en  un 20 por ciento por encima del salario mínimo, vital y móvil.

 

De acuerdo a la convocatoria que este mismo gobierno hizo en mayo del año pasado desde enero de este año el salario mínimo vital y móvil es de $8.060, por lo que el salario inicial docente estaría como referencia nacional un poco por encima de los $ 9.600.

 

El dato es alarmante. De confirmarse ese número que difícilmente el gobierno provincia se anime a discutir, los salarios iniciales docentes de la provincia estarían muy por debajo de la línea de la pobreza.

 

El Indec consideró que un hogar promedio que reside en el área de la Ciudad y el Gran Buenos Aires necesitó reunir recursos monetarios por $439 por día, $13.156 en todo el mes, para poder comprar la canasta básica de alimentos más el agregado de los servicios públicos y privados esenciales.

 

Claro que todavía es posible hacer disquisición es el salario inicial de un docente, que no tiene hijos ni antigüedad.

 

Una bajada de línea de este tipo constituye un aumento salarial inferior al 15% para el inicial docente. Un porcentual que escapa a toda lógica y que no es posible ofrecer en ninguna negociación salarial, si lo que se busca es evitar el conflicto.

 

El macrismo -con los empleados bancarios- dejó en claro que cuando las negociaciones salariales no están en el marco de lo que ellos esperan pueden no homologar acuerdos.

 

Pero el porcentaje no es un dato disparatado. La gobernadora estrella del PRO, María Eugenia Vidal cerró un acuerdo con diferentes gremios estatales en territorio bonaerense que no supera el 18 por ciento.

 

El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilnek ye les avisó a los sindicatos estatales hasta dónde está dispuesto a negociar. Si los gremios no aceptan impondrá por decreto un 17 por ciento para todos.

 

En el Chaco, en la sesión en la que se frustró la aprobación del presupuesto provincial el oficialismo blanqueó que preveía una pauta salarial que no supere el 14% para todo el año 2017. Puede ser más, confesó la diputada Betty Bogado cuando intentaba rescatar la aprobación del empantanamiento en que había caído. Pero lo que está escrito es eso.

 

Domingo Peppo tiene una carta en la manga. Fue ajustando por inflación los salarios del sector público desde agosto cuando llegó a un acuerdo con casi todos los gremios docentes y con UPCP.

 

Podría intentar -como lo hizo el gobierno de Mauricio Macri ni bien asumió- negociar pauta salarial para el presente año sobre la presunta base de la inflación actual y no la pasada.

 

La desventaja es que en ese momento la Nación prometía una inflación del 25% y terminó en el 42%.

 

Los técnicos y especialistas se preocupan por aclarar que el aumento de precios estuvo en ese 25% si se quitan del medio los aumentos de tarifas.

 

Para este año ya se prepara un aumento tarifario en diferentes impuestos o servicios públicos que incluso ya se están cobrando. Falta todavía el incremento en el transporte público.

 

Nadie puede prometer que el 18% finalmente sea la sumatoria de la inflación de 2017. Difícilmente los gremios lo acepten mansamente. Se trata del conflicto principal, que a más tardar en marzo tiene que estar solucionado.  Es la fecha en la que además se dirimirán candidaturas en todos los partidos. El año político habrá empezado con todo.