El presidente Alberto Fernández echó al ministro de Salud, Ginés González García. Lo hizo luego de que el periodista Horacio Verbirsky terminara por confirmar la existencia de un vacunatorio VIP que funcionaba en su cartera lo que terminó alimentando las campañas de la oposición que ya no considera un veneno a la vacuna Sputnik V.

En medio de un escenario de absoluta escasez de vacunas, incluso muy por debajo de las aspiraciones públicas que el gobierno difundió (5 millones de dosis en enero/5 millones de dosis en febrero), no hay margen para otra actitud que no fuera la que finalmente tomó el presidente.

Aunque esa irregularidad reñida con la moral no tenga comparación que otras medidas que esa misma oposición bancó en silencio durante el gobierno del macrismo (cierre del ministerio de Salud -convertido en Secretaría-/dejar vencer millones de vacunas), la dura realidad que castiga no a los políticos opositores -conspicuos negadores seriales de la pandemia e incluso instigadores antivacunas- sino a la gente común que está esperando con ansias recuperar un poco de la normalidad que desapareció en 2020 y protegerse de un temible virus con posibles consecuencias mortales.

El conglomerado de medios que trabajó para la elección y el sostenimiento de Mauricio Macri no daba abasto en sus coberturas de 24 horas para contar y repetir los hechos, además, llegando incluso a emitir contradicciones. Todo vale para castigar duramente a la gestión del presidente Fernández, con verdades y con mentiras.

Muchos oficialistas también cuestionaron duramente al ministro de Salud y este escándalo terminará tapando lo que fue su gestión en el año de gobierno del Frente de Todos. La verdad sea dicha, el manejo de la pandemia en el país tiene mucho que contar frente a lo que ocurre en países vecinos o en las grandes potencias de América del Norte o de Europa, sin contar que además se hizo con un el país destruido que dejaron el PRO, la Coalición Cívica y la Unión Cívica Radical. A ellos se han sumado las autoridades del Episcopado, que defienden habitualmente a los más postergados.

En la provincia, también se aplaude la decisión del presidente Fernández. Comunicadores de medios públicos y de otros bien rentados con fondos públicos lo hacen, sin que ninguno pueda recordar que el arribo de la Sputnik V a la provincia del Chaco sirvió para vacunar no solo al gobernador Jorge Capitanich, como medida de promoción de esa vacuna, también al presidente de la Cámara de Diputados, Hugo Ságer, o incluso alguna otra legisladora también del PJ, pero que responde al embajador en Asunción, Domingo Peppo. Ni qué hablar del agradecimiento público que hizo el padre Rafael del Blanco, un sacerdote acostumbrado a recorrer despachos oficiales y medios públicos.

La medida generó indignación en buena parte de la provincia, el director del Hospital Perrando, Daniel Pascual, ofreció su renuncia, pero le fue rechazada. En la provincia, de eso no se habla ahora. Mirando en retrospectiva, tal vez Pascual hubiera tenido que irse entonces. Sin salvar las distancias, al presidente no le tembló el pulso para eyectar a los de los más importantes sanitaristas del Ministerio de Salud Pública, y a Gobierno del Chaco prefirió mantener en su cargo a un médico, del que no se puede hablar de su actuación profesional, pero que puede dirigir un nosocomio o Lotería Chaqueña.

Pero en la provincia, el escándalo de la semana fue el desvío de dos camiones de mercaderías de Desarrollo Social que debían entregarse en el barrio Toba y que terminaron en un comercio de Las Garcitas. El propio Gobierno destaca que ha efectuado la denuncia y que no van a apañar este tipo de actitudes de parte de los líderes de movimientos sociales a quienes el propio gobierno entrega esa mercadería.

Sin embargo, hasta ahora las autoridades no parecen advertir el ostentoso enriquecimiento de varios de esos dirigentes con los que tienen trato. Tal vez esta causa sirva para ingresar a ese oscuro terreno. Dependerá de hasta dónde quiera investigar la Justicia. Ya se ha visto, en el caso de la Leche Robada durante la gestión de Domingo Peppo que la participación oficial y la de grandes empresarios apenas fue rozada tangencialmente y sólo habría que esperar la condena de algunos perejiles, presuntos autores materiales de los hechos denunciados.