La provincia del Chaco ingresó en una nueva etapa de la desescalada. Lentamente esta jurisdicción se acerca a la nueva normalidad. Dependerá del acompañamiento de la gente. Falta que el Gobierno marque con mayor precisión el camino a seguir. Entre la falta de información oficial y el deseo de la gente de ejercer cada resquicio de libertad, la conjunción podría ser perjudicial.

Pero el escenario que se quiere presentar es de post-pandemia. No sólo porque en la Argentina ya se trabaja en la elaboración del antígeno de la vacuna de AstraZeneca y la Universidad de Oxford, que tendrá que envasar posteriormente México, sino también porque las necesidades financiero-económicas y políticas del Gobierno de Alberto Fernández están marcando el paso en el nuevo camino de la pandemia.

El presidente insistió en que ya prácticamente no existe cuarentena. Es como si la realidad se hubiera impuesto a la formalidad. Pero también es práctica oficial que se hayan habilitado múltiples actividades, cuando provincias que se mostraban como ejemplo (Jujuy, Córdoba o Mendoza) empiezan a sufrir los efectos de la circulación viral. Entre esas múltiples actividades se encuentra la industria que tiene efectivamente una actividad casi normal. Con un bajo porcentaje de paralización. Los efectos en la actividad económica son evidentes. El comercio, el que está trabajando, está arribando a movimientos anteriores a la pandemia. Claro que esa recuperación importa instalarlos en los sótanos en que el gobierno de Mauricio Macri dejó el país.

Pero puede apreciarse en el sector que las prioridades actuales son distintas a las de los cuatro años anteriores.

Fernández y otros gobernadores, entre ellos Jorge Capitanich lo dejó en claro a principios de la semana cuando se hizo oficial que los trabajos de la autovía de la Ruta 11 se habían retomado. Los condicionantes a la circulación pudieron haber motivado que no todos los chaqueños estén al tanto del reinicio de la obra. Recalcarlo se volvió necesario.

Pero la velocidad de los trabajos es llamativa. Contrasta con la parálisis que el gobierno del actual embajador Domingo Peppo no se atrevió a denunciar cuando Macri era el habitante central de la Casa Rosada.

La bajante de los ríos pareciera la circunstancia ideal para erigir un nuevo puente sobre el río Negro, una condición sine qua non para una labor como esa autovía. La inversión nacional será determinante, no sólo en la recuperación en general, sino también particularmente en la infraestructura chaqueña. La realidad empieza a tener vasos comunicantes con la estructuración prevista para la gestión del Frente de Todos.

La marcha del 17A, y la participación de gente que tuvo esa irresponsable manifestación, pretendió instalarse como una demanda que el Gobierno nacional debía escuchar. Apoyado en la fuerte apoyatura de los principales medios de comunicación, un autoreconocido “periodista gorila” intentó instalar que esa manifestación era una “bisagra” en la relación que el gobierno nacional debía tener con aquellos que se le oponen.

Pretendía desconocer que el primer compromiso que tiene el Gobierno de Alberto Fernández, es con sus votantes. Que pacientemente aguardan el final de la cuarentena para mostrar -entonces sí- lo que es una manifestación de apoyo.

Los análisis de los periodistas macristas, alienados de la realidad, no han cambiado pese a que su remunerada ceguera haya contribuido a la apabullante derrota que impidió la reelección de Mauricio Macri.

La más dura respuesta se dio sobre el filo del fin de semana. Alberto Fernández retomó la consideración de “servicio público” de las comunicaciones celulares y el internet, que había sido suspendido por el presidente Macri. Rápidamente se leyó como un ataque a Clarín, dueño de Fibertel, Telecom y Personal. Periodistas, políticos y fanáticos simpatizantes salieron a denunciaron que el Gobierno se había “venezuelizado”. Quizás la frase más precisa que refutó la absurda denuncia que apareció en las redes sociales fue “el extraño caso en que pegándole al dueño aparecieron los chanchos”.

No sólo eso, a los embates mediáticos y a las acciones de una Justicia que se resiste la reforma que impulsa el Gobierno, la respuesta fue el dictamen de Comisión del Senado para darle media sanción a la norma, incluida una cláusula que procura proteger a la magistratura contra cualquier clase de presión política, económica, corporativa e inclusive mediática. Lo suficiente como para que los grupos hegemónicos pretendan instalar la existencia de una acción de censura.

Dentro de Juntos por el Cambio, el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, rompió frontalmente la negativa de la oposición a debatir el proyecto. "Me parece que hay que debatir. No está mal que se debata y ahí vamos a arribar a conclusiones. Si uno considera que el sistema judicial está bien, tendrá que continuar en el mismo lugar que está y, si no, hay que cambiarlo y hay que ver que los cambios sean consensuados y para eso se necesita discusión y acuerdos ", sostuvo el mandatario de la provincia vecina. Pero además lo hizo después de que la cúpula opositora considerada necesario que el Gobierno retire el proyecto. El “polémico” legislador Fernando Iglesias llegó a tuitear “no quieren más marchas, retiren el proyecto”, refiriéndose a la inconsciente movilización del 17A.

En ese marco, el Senado además se apresta a abocarse el caso de los magistrados designados por decreto por el presidente Mauricio Macri en cargos a los que no habían concursado. Si bien la cuestión está centrada en los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, integrantes de la Cámara Federal porteña sobre los que existen fundadas razones de que administración anterior los acomodó allí para cerrar el cerco sobre Cristina Fernández, la actual vicepresidente, el Consejo de la Magistratura encontró irregularidades también en otros traslados, entre ellos el de la actual juez Federal Nº 1 de Resistencia, Zunilda Niremperger.

El caso de Niremperger también será analizado en el Senado. Acaso sirva para demostrar que la Cámara Alta actuará con ecuanimidad, confirmando a algunos en sus cargos y devolviendo a otros a sus antiguos puestos. El oficialismo en el Senado también demostró que está dispuesto a pelearle a la corporación mediática que repiqueteó con fuerza que el cuerpo estaba desobedeciendo una cautelar de la Justicia, aunque luego el amparo presentado por los jueces Bruglia y Bertuzzi fue finalmente rechazado.

El Gobierno viene ratificando que su primer compromiso es con sus votantes, que por convicción original o secundaria (forzada por la estafa que representó la gestión anterior), está en las antípodas del macrismo.

El ex presidente y la presidente del PRO, Patricia Bullrich, buscan convertir a la alianza opositora en un partido reaccionario. “La gente va a dejar en el camino a los tibios”, dijo la ex ministra de Seguridad. Su masa crítica será aquellos que estén dispuesto a todo, como los manifestantes del 17A que no parpadearon aunque hayan puesto en riesgo su propia salud y la de terceros.

La tensión política irá creciendo, a menos que los sectores mayoritarios comprendan que el sector más ruidoso, el que más espacio tiene en los principales medios es un residual del macrismo, que responde a la definición de Bullrich. Que ya fue derrotado en las urnas y que ahora la realidad terminará arrinconando. De ello ya tomó nota una tiempista como Elisa Carrió que pese a todo pidió “mantener un diálogo mínimo con el presidente” y recomendó “no radicalizarse, porque si Juntos por el Cambio se radicaliza se amplía la grieta y entramos en un escenario de falta de gobernabilidad y confrontación que no hace bien a la Argentina”.