El arranque de la paritaria nacional docente no deparó sorpresas y sólo sirvió de exposición formal de posiciones para el Gobierno y los sindicatos, que sin embargo exploran en paralelo la posibilidad de firmar un acuerdo por menos de un año siempre bajo la garantía de que los salarios superarán la inflación. Como había anticipado este diario, las cinco organizaciones gremiales de la actividad a nivel nacional confirmaron al ministro de Educación, Nicolás Trotta, su expectativa de suscribir un ajuste en torno del 35%, superior a la pauta inflacionaria de 29% plasmada por el Ejecutivo en el Presupuesto 2021. Antes de la paritaria Alberto Fernández recibió a algunos gremialistas.
La chance de un entendimiento de más corto plazo fue trabajada en reuniones previas e informales entre algunos de los dirigentes y el ministro. En ellas se mencionó una paritaria semestral o incluso por nueve meses para luego reabrirla y completar el plazo hasta fin de año. La ventaja para el Gobierno de un convenio de menos meses es que el número a pactar podría acercarse más al 29% sugerido por el Ejecutivo y firmado por la Asociación Bancaria, la primera organización en cerrar su acuerdo anual bajo los parámetros. Y para los gremios, implicaría un reaseguro de futuro ajuste en función de la evolución de la canasta básica.
La temporalidad de la paritaria docente, que comienza junto con el año calendario, y la urgencia de la administración de Alberto Fernández por solidificar acuerdos testigo cercanos al 29% para encarar después las mesas sectoriales del acuerdo de precios y salarios coinciden con un primer bimestre desalentador para el Ejecutivo en términos inflacionarios. Tomados de esa certeza los funcionarios admitieron que la prioridad será exhibir números armónicos por encima de respetar los doce meses de vigencia habitual de las paritarias.
Otro factor que alimenta la idea de un acuerdo corto con una suba menor es que al término de la negociación nacional cada gremio deberá articular el resultado con las autoridades de todas las provincias y para el Ejecutivo nacional es importante facilitarles esas discusiones a los gobernadores. Cerca del ministro Trotta dijeron confiar en que la semana que viene se alcanzará un acuerdo.
A la primera audiencia paritaria en el Palacio Pizzurno acudieron representantes de los cinco sindicatos nacionales: la Confederación de Trabajadores de la Educación, (Ctera), el Sindicato de Docentes Privados (Sadop), la Confederación Argentina de la Educación (CEA), la Unión de Docentes Argentinos (UDA) y la Asociación de Magisterio de la Enseñanza Técnica (AMET). En sus exposiciones los gremialistas coincidieron en que la pauta salarial a resolver deberá mantenerse por encima de la dinámica inflacionaria de este año. El piso salarial nacional garantizado en la actualidad es de 27.500 pesos para un docente con desempeño en jornada simple.
Trotta contó al término de la reunión que el próximo debate será formalmente la semana que viene pero que entre hoy y el fin de semana habrá conversaciones. También confirmó que junto con el salario se analizará la mejora del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid) y reiteró que “no hay techo” para la suba a resolver.
Antes de exponer sus pedidos salariales en la paritaria, Sonia Alesso (Ctera), Roberto Baradel (docentes bonaerenses, Suteba) y Hugo Yasky (secretario general de la CTA de los Trabajadores) fueron recibidos por el jefe de Estado. Allí le recalcaron la necesidad de una solución para el conflicto docente en Chubut, con falta de pago de sueldos y clases discontinuadas por meses. Alberto Fernández se manifestó preocupado y se comprometió a encontrar una respuesta, dijeron los participantes. También le transmitieron la necesidad de un plan de vacunación para trabajadores de la educación. Sobre este punto el mandatario adelantó que lo comentará con el ministro de Salud, Ginés González García, para darle prioridad al sector en las etapas iniciales de la vacunación masiva.
Por su parte, el gremio de docentes de escuelas privadas, Sadop, recalcó que mientras el salario inicial es de 27.500 pesos la canasta básica de la actualidad casi duplica ese valor, al totalizar 56 mil pesos. La organización, que lidera Jorge Kalinger, insistió además en contemplar los cambios en la labor docente derivados de la pandemia del coronavirus así como de darle al Covid el reconocimiento pleno como enfermedad profesional según la legislación argentina