En el contexto de un régimen autoritario y violaciones a los derechos humanos -hay 49 pobladores muertos por disparos de las fuerzas de seguridad duranta manifestaciones antigubernamentales, un millar de heridos y detenciones arbitrarias- la suerte del destituido y encarcelado expresidente Pedro Castillo comienza a jugar etapas decisivas en el terreno internacional. Los juristas argentinos Eugenio Zaffaroni y Guido Croxatto, abogados de Castillo, presentaron este martes un pedido de medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) exigiendo la liberación del exmandatario encarcelado sin una sentencia desde hace más de cuatro meses. Detención que en este recurso se califica como “injusta, ilegal, arbitraria e inconstitucional”. Se denuncia que el expresidente sufre en prisión un trato “hostil y degradante” y se exige que cese ese comportamiento de las autoridades. Asimismo, se recuerda que no se le permite hablar telefónicamente con su esposa y sus dos hijos menores, exiliados en México, y se demanda que “se reconozca el urgente derecho a la comunicación con su familia”. Castillo tiene una segunda prisión preventiva, en este caso de tres años, por cargos de corrupción que están en investigación. Voceros del gobierno, en una abierta intervención política en la Justicia, pidieron se dicte esta segunda prisión preventiva para evitar que Castillo salga libre en caso de que se caiga su detención por rebelión en las instancias internacionales.

Los argumentos

Argumentos procesales y de derecho penal sustentan esta acción ante la CIDH. Croxatto tiene a su cargo la argumentación que cuestiona el procedimiento judicial contra Castillo, mientras Zaffaroni lleva la argumentación en el marco del derecho penal. Zaffaroni ha sido juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y este es el primer caso que patrocina ante la CIDH luego de haber dejado la Corte en 2022.

En el escrito presentado ante la CIDH se califica el mensaje televisado que dio Castillo anunciando el cierre del Congreso opositor que quería destituirlo de la presidencia como “un hecho atípico, político” y “sin relevancia penal” porque “la lectura del mensaje a la Nación en el que anunciaba el cierre del Congreso jamás estuvo acompañado de una fuerza que lo llevara adelante”. Se recuerda que ese anuncio de cerrar el Congreso no estuvo firmado por el Consejo de Ministros, que sus ministros renunciaron al enterarse de esa decisión, los militares no lo obedecieron y que lo anunciado en ese mensaje nunca se ejecutó. Se señala que “no hubo conspiración con las fuerzas armadas” y que no había forma que se consume un golpe porque no había ningún plan previo ni acto preparatorio para que eso ocurra. Se califica el mensaje de Castillo por el que ahora está preso como “un pronunciamiento político”. En su argumentación ante la CIDH, Zaffaroni define lo ocurrido como “una tentativa inidónea, por ende no punible”.

En el aspecto procesal se señala que el expresidente fue destituido del cargo por el Congreso sin respetarse los procedimientos para tomar esa medida extrema, sin darle la posibilidad de presentar su defensa. Se denuncia que no se respeta el debido proceso y se viola el derecho a la defensa con trabas a la comunicación de Castillo con sus abogados. En enero se le impidió a Zaffaroni ingresar al penal donde está recluido Castillo para entrevistarse con su cliente. Solo lo pudo hacer Croxatto. Ahora ninguno de los dos puede hacerlo. Las autoridades peruanas han prohibido que “abogados extranjeros” ingresen a los penales, les exigen que homologuen su título en el Perú para poder hacerlo. Una limitación que antes que Zaffaroni y Croxatto asuman la defensa de Castillo no existía. Una decisión con evidente nombre propio que afecta seriamente el derecho a la defensa de Castillo. Los abogados han demandado ante la CIDH que esa prohibición de entrevistarse con su cliente sea levantada. También se denuncia que no se respeta la privacidad en las entrevistas de Castillo con los abogados peruanos que pueden ver al expresidente y un hostigamiento contra estos juristas, dos de los cuales, Guillermo Díaz y José Palomino, se han exiliado denunciando amenazas en su contra.

En la noche del lunes, cuando Croxatto, luego de reunirse con Zaffaroni, daba los últimos toques a la medida cautelar que presentaría al día siguiente ante la CIDH, recibió la llamada de la hermana de Castillo, Adelina. La mujer al otro lado de la línea telefónica estaba llorando. “Por favor doctor, ayúdenos, necesitamos su ayuda, por favor. Mírelo como lo muestran a mi hermano como un trofeo, lo filman, no le respetan nada, y nosotros no lo podemos ver. Por favor, ayúdenos”, le pidió Adelina, sin dejar de llorar. Cuando dijo que a su hermano lo mostraban como un trofeo, Adeline se refería a un video grabado por drones en el que se ve a Castillo entre las plantas que hay en el espacio que tiene al lado de su celda. Video presentado en la televisión en horario estelar en la noche del último domingo. Después de hablar con la hermana del expresidente, el abogado incluyó en la medida cautelar este nuevo episodio de hostilización contra Castillo.

Arbitrariedades procesales

“Hemos denunciado las arbitrariedades procesales que viene sufriendo Castillo. Si bien hay una resolución de 2018 de la OEA que no admite medidas cautelares para cuestiones de debido proceso, con Zaffaroni entendemos que dada la magnitud de la crisis política y jurídica que se vive en Perú, con decenas de personas asesinadas y un presidente ilegalmente destituido, es muy importante que el sistema interamericano se pronuncie”, le declaró el abogado Croxatto a Página/12.

En un absurdo y revelador episodio de hostigamiento contra los abogados de Castillo, la embajada peruana en España se quejó ante el diario El País por haber entrevistado al abogado Croxatto. Una acción que volvió a mostrar, está vez acompañado del ridículo, el rostro autoritario del gobierno. También hubo quejas porque se invitó a Zaffaroni y a Croxatto al Vaticano para un Congreso sobre Colonialismo, Neocolonialismo y Justicia Social realizado el 30 y 31 de marzo. En ese evento, Zaffaroni y Croxatto hablaron de la situación de Castillo y denunciaron la represión del gobierno de Dina Boluarte. Se enfrentaron verbalmente a una jueza peruana que participó del evento y defendió al gobierno. El Papa Francisco no pudo cerrar ese Congreso personalmente por estar enfermo, pero mandó una carta en la que habló del lawfare. En un breve mensaje escrito, Croxatto le dijo a Francisco: “Perú te necesita mucho”. Estos fracasados, y absurdos, intentos de aislar a los abogados de Castillo -y el intento de censurar un informe de Amnistía Internacional sobre violaciones a los derechos humanos y prohibirle el ingreso al Perú a diputados y abogados argentinos que han denunciado los excesos represivos-, revelan el temor del gobierno frente al escenario internacional.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, está haciendo circular entre presidentes y líderes políticos una carta dirigida a la ONU en la que se habla de arbitrariedades y violaciones al debido proceso en el caso de Castillo, se califica como ilegal el proceso judicial en su contra y se pide que los países de América Latina se comprometan con el restablecimiento de la democracia y el respeto a los derechos humanos en el Perú. Ya la habrían firmado los presidentes Gustavo Petro de Colombia y Xiomara Castro de Honduras, y exmandatarios como Evo Morales y Rafael Correa. Zaffaroni y Croxatto esperan que el presidente argentino también la suscriba.