La exsecretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Romina Picolotti, fue condenada este lunes a la pena de tres años de prisión de "ejecución condicional" y a restituir al estado casi $7 millones por haber cometido el delito de defraudación en contra de la Administración Pública, al pagar gastos familiares y personales con fondos públicos.


Los jueces Sabrina Namer, Rodrigo Giménez Uriburu y Guillermo Costabel del Tribunal Oral Federal (TOF) 6 dispusieron, además, que recaerá sobre la exfuncionaria la "inhabilitación especial perpetua para el ejercicio de empleos o funciones públicas" y deberá afrontar "el pago de las costas del proceso".

Durante el tiempo que dura la condena, Picolotti deberá cumplir las reglas de conducta establecidas en el art. 27 "bis" inciso 1º del Código Penal, consistentes en fijar residencia y someterse al cuidado de un Patronato u otro organismo equiparable de control.

Pasadas las 16, Namer, la jueza que encabezó el TOF 6 para este juicio, leyó el veredicto, que el punto cinco de la parte resolutiva incluía la disposición para que Picolotti "restituya al Estado Nacional, más precisamente al actual Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el monto del perjuicio ocasionado a la administración pública (...), el cual actualizado al día de la fecha asciende a la suma de seis millones novecientos cuarenta y un mil ciento setenta pesos ($6.941.170)".

Ese monto será ajustado al momento en que la condena adquiera firmeza, bajo las pautas y fórmulas utilizadas por la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones del Ministerio Público Fiscal, según indicó el tribunal.

La lectura del veredicto, como todo el juicio que duró seis meses, se realizó a través de la plataforma virtual zoom y la exfuncionaria lo siguió desde Miami (EEUU), donde se encuentra radicada. Mientras que los fundamentos de la condena se darán a conocer en otra audiencia que fue fijada para el 25 de noviembre a las 16.

El tribunal le fijó, en ese sentido, la obligación de presentarse en forma mensual, dentro de los primeros cinco días de cada mes, ante el Consulado de la República Argentina en Miami, Estado de Florida. Y también de informar cualquier cambio de domicilio y requerir autorización en caso de viaje a otro país.

Esta mañana, Picolotti había reiterado su pedido de absolución porque, según dijo, no cometió ningún delito y se lamentó porque "el Estado haya gastado 14 años de recursos, sobre todo el tiempo de los magistrados" en el juicio que la tuvo en el banquillo de los acusados.

Picolotti basa su defensa en que los gastos suntuarios que se le atribuyen no sólo no están probados sino que tampoco se realizó un peritaje caligráfico para establecer si la autorización de gastos fue firmada por ella.

"No hubo pericia caligráfica ni contable. Se me acusa de un delito que no está probado", insistió desde la plataforma Zoom. "Pido a los jueces que se aplique el derecho de manera objetiva e imparcial", subrayó.

La fiscalía, a cargo de Diego Luciani, había reclamado que la exsecretaria de Estado fuera condenada a tres años y nueve meses de prisión, un monto de pena que de haber prosperado hubiera sido de cumplimiento efectivo y no en suspenso como en este caso.

En el marco de su alegato ante el TOF 6, el representante del Ministerio Público enumeró que el dinero habría sido gastado en pasajes de avión para amigos y familiares de la exfuncionaria, en almuerzos diarios, en sushi, flores y regalos para miembros de su familia.

Al juicio oral llegó procesada por los supuestos delitos de "defraudación en perjuicio de la administración pública" en una causa que tramitó en el juzgado federal de María Servini y que investigó el presunto uso de fondos públicos para gastos particulares.

Picolotti fue funcionaria pública desde 2006 a 2008 y en 2015 se radicó en Estados Unidos.