Es Carlos Soto Dávila, a quien la fiscalía de la Procuraduría de Trata de la Nación lo acusa de "dejar dormir" el caso y liberar "injustamente" a tres de los acusados.



La Fiscalía General de Corrientes y el Ministerio Público ante la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex) de la Nación pidieron el apartamiento del magistrado federal Carlos Soto Dávila en la causa que investiga una ruta de “turismo sexual” mediante la cual jóvenes misioneras eran prostituidas por una red en al menos dos cabañas de Itá Ibaté.



La organización fue desarticulada en septiembre último y, tal como informó aquella vez Primera Edición, derivó en la detención de dos mujeres misioneras -una fue apresada en el Gran Posadas y otra en Itá Ibaté- dos hombres y el rescate de al menos once jóvenes oriundas de la provincia que eran trasladadas en remises para prestar servicios sexuales a pescadores y turistas de todo el país y Brasil.

 

Sin embargo, días atrás los representantes del Ministerio Público elevaron una presentación ante la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes en la que exigieron el apartamiento de Soto Dávila de la causa por “gravedad institucional”, cimentada en dos razones principales: para ellos, el magistrado “dejó dormir” la causa durante tres años y siete meses, pero además un mes después del procedimiento liberó a tres de los cuatro involucrados sin valorar las pruebas contenidas en el expediente.

 

Acusan los fiscales

El documento lleva la firma del fiscal general subrogante de Corrientes, Carlos Schaefer, y del fiscal ante la Protex, Marcelo Colombo, quienes interpusieron el recurso ante el auto de procesamiento sin prisión preventiva para una de las misioneras imputadas y para los dos hombres involucrados. Esos tres sospechosos fueron acusados por Soto Dávila como “partícipes secundarios” del delito de trata de personas, mientras que la única detenida, como coautora.

 

Para los fiscales, el magistrado titular del Juzgado Federal 1 de Corrientes “omitió analizar la conducta desplegada por cada uno de los coimputados”.

 

Al respecto, Schaefer y Colombo argumentaron que la misionera liberada tuvo un rol de “intermediaria de significativa importancia”, encargada de “coordinar los grupos”, captar las víctimas y organizar la ida y el regreso desde Posadas hacia Itá Ibaté. Por eso cuestionaron su imputación como “partícipe secundaria” -es decir que, sin ella, el delito se hubiese cometido igual- y, al fin, su liberación.

 

El otro punto por el que los representantes del Ministerio Público piden el apartamiento de Soto Dávila tiene que ver con que la causa se inició en 2011, pero “recién en fecha 26 de septiembre de 2016, el Juzgado Federal 1 de Corrientes indicó que el cúmulo de tareas que recaía en forma diaria sobre dicha judicatura impidió dar tratamiento con prelación a la temática de la causa”.

 

Para los fiscales, “no haberse profundizado en aquel momento con aquella primera pesquisa ni haber priorizado su tratamiento frente a otros posibles casos permitió seguir desplegando actividades ilícitas como es la explotación sexual de mujeres durante varios años”.

 

Ante esas situaciones, los fiscales solicitaron el apartamiento de Soto Dávila del expediente, cuestión que ahora deberá resolver el alto órgano federal de la provincia vecina. Primera Edición