El fallo de la Cámara Federal se conoce a seis meses del intento de ataque a la vicepresidenta. Además, rechaza la prisión domiciliaria del jefe de la banda de “Los Copitos”.
La Cámara Federal pidió llevar a juicio oral a Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte, acusados de ser coautores materiales del atentado a Cristina Kirchner; y a Nicolás Carrizo, el jefe de la denominada banda de “Los copitos”, procesado como partícipe secundario de la tentativa de homicidio agravado.
El fallo, firmado por los jueces Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Mariano Llorens, se conoce a seis meses del intento de asesinato a la vicepresidenta. Además, los magistrados rechazaron la prisión domiciliaria que había solicitado Carrizo y a la que se oponía la querella.
Además, según informaron fuentes judiciales, la Cámara le ordenó a la jueza María Eugenia Capucheti avanzar en la elevación de la parte principal del caso a juicio oral.
Los jueces Bertuzzi y Bruglia consideraron que “frente a la situación de detención de los imputados y el estado de la investigación a su respecto, se proceda con la celeridad que el caso requiere a fin de avanzar en el estadio procesal”.
El magistrado Llorens, además, señaló que “luce inadmisible que no se haya elevado a juicio el hecho principal cuando la investigación a su respecto se encuentra agotada” y añadió: “He dicho en otras oportunidades que una justicia que tarda no es justicia; pero tampoco lo es una que se pronuncia mecánicamente, guiada por el impulso de ajustarse a un calendario. Es por ello que la razonable tramitación de las causas deben serlo en un tiempo óptimo”.
Según la investigación, tanto Sabag Montiel como su novia venían planificando el atentado desde hacía varios meses, como se evidenció en sus chats, y hasta habrían proyectado alquilar una propiedad cercana a la de la vicepresidenta para seguir todos sus movimientos.
De esta forma, los tres jueces rechazaron el pedido de detención domiciliaria presentada por Carrizo con la defensa de Gastón Marano, y aludieron a “riesgos procesales” como ser el posible entorpecimiento de la investigación que por ahora tiene solo tres detenidos e imputados.
La vicepresidenta, querellante en el caso a través del abogado Juan Manuel Ubeira, considera que la jueza Capuchetti no investigó a los autores intelectuales detrás del ataque del 1 de septiembre, ni tampoco a quienes corresponderían a la pata financiera.
Cristina Kirchner y sus abogados exigen más medidas de prueba relacionadas con la investigación
La querella encabezada por Ubeira solicitó el apartamiento de Capuchetti al considerar que omitió investigar lo que se llamó “La pista Milman” y los vínculso con la organización Revolución Federal.
Por un lado, se trata del testimonio aportado por un legislador del Frente de Todos que dice haber escuchado, días antes del atentado, al diputado de Cambiemos Gerardo Milman hablar con dos asesoras en referencia a lo que iba a suceder y que, para cuando eso ocurriera, él “no iba a estar en Buenos Aires”.
Las dos mujeres declararon ante la jueza y negaron que eso fuera cierto, pero la querella insistió con que se debió realizar el análisis de los teléfonos del diputado y esas personas, entre otras medidas.
Asimismo, también apuntaron contra el financiamiento del atentado y, en ese sentido, Cristina Kirchner reclamó que se tramiten juntas esta causa y la investigación por amenazas de Revolución Federal, cuyos líderes estuvieron presos por distintos mensajes que enviaron contra los principales funcionarios del Gobierno.
En esta causa, que está en manos de otra jueza, la vicepresidenta insite que aparece vinculada la familia del exministro macrista Nicolás Caputo, por algunos trabajos de carpintería que le encargó a Jhonatan Morel, líder de Revolución Federal, y que todo eso no fue más que “un camuflaje de un financiamiento encubierto” a las actividades ilegales de dicha organización.