La Fiscalía de Delitos Económicos de Rosario presentó el requerimiento acusatorio en una causa que tiene como acusados a ex directivos de Vicentin y de su asociada Renova, en una presunta administración fraudulenta por unos 24 millones de dólares en mercadería. Solicitan que se eleva a juicio y se acumule con otros debates orales que enfrentarán los ejecutivos por los delitos de estafa y administración fraudulenta.

La presentación, que se conoció este lunes, fue presentada por los fiscales Miguel Moreno y Sebastián Narvaja el 5 de noviembre último.

“Se atribuye a Eduardo Gancberg, Diego Fernando Mejuto, Daniel Pájaro y Daniel Buyatti la comisión del delito de administración fraudulenta, en carácter de coautores y en grado de consumado”, dice el texto presentado por los fiscales, en relación a quienes en 2019 eran directivos de Renova, la principal planta de crushing del país, de la Vicentin aún conserva acciones.

Agrega que “se atribuye a Daniel Néstor Buyatti, Alberto Julián Macua, Roberto Alejandro Gazze, Máximo Javier Padoán, Cristián Andrés Padoán, Martín Sebastián Colombo, Sergio Roberto Vicentin, Pedro Germán Vicentin, Roberto Oscar Vicentin, Yanina Colomba Boschi y Omar Adolfo Scarel la comisión del delito de administración fraudulenta, en carácter de coautores y en grado de consumado”. En este caso, y aunque algunos nombres se repiten, se trata de quienes estaba en aquella fecha a cargo de la conducción de Vicentin SAIC, la firma que en diciembre de 2019 se declaró en “estrés financiero” y poco después ingresó en cesación de pagos.

Desde marzo de 2020 entró en convocatoria preventiva de acreedores, proceso que aún continúa y está en manos de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, que analiza un recurso interpuesto por un acreedor.

En este caso, los fiscales Narvaja y Moreno investigaron una denuncia de la firma Commodities SA, del Grupo Grassi, que habitualmente vendía soja a Vicentin, que era depositada en la planta que Renova posee en Timbúes.

De acuerdo a la documentación que consta en el legajo, “la operatoria comercial habitual que Commodities sostuvo con Vicentín y su controlada Renova se correspondía con dos modalidades”.

Por un lado, “a través de la venta directa de granos, de Commodities a Vicentin, entregándole los mismos a cambio de la entrega de un pago. La segunda modalidad consistía en operaciones por medio de las cuales Commodities entregaba cereal, en depósito, en las instalaciones de Renova (controlada de Vicentin), quien asumía de dicha forma la custodia y el deber de restitución de la mercadería recibida”, agrega el texto del requerimiento acusatorio.

“Una vez que los granos se encontraban localizados en dichas instalaciones, bajo la custodia de Renova, los representantes de Commodities pactaban con quienes representaban a Vicentín, ventas del cereal depositado en las instalaciones de Renova, bajo las condiciones de tiempo, modo, precio y modalidades de pago que en cada caso se establecían”, añade.

Y explica que “cada vez que se pactaba una de estas operaciones de venta, de Commodities a Vicentin, según la modalidad habitual que regía la práctica comercial de las partes involucradas, la operación se documentaba a través de cartas de ‘cesión y transferencia’ firmadas con certificación de escribano público. En dichos documentos se instrumentaba la venta de cantidades de granos depositados en las instalaciones de Renova, en favor de Vicentin. Más específicamente, se documentaba que se cedía y transfería la ‘mercadería depositada en Renova’”.

“Una vez que una cierta cantidad de cereal depositado en Renova era vendida por Commodities a Vicentin bajo estas condiciones, Vicentin disponía de dicha mercadería propia”, abunda el texto de los fiscales.

Bajo esa modalidad, según la investigación, entre 2018 y fines de 2019 -cuando Vicentin hace públicos sus problemas financieros-, la firma del grupo Grassi entregó en depósito en las instalaciones de Renova más de 500 mil kilos de soja. De ese total, le vendió a la agroexportadora algo más de 445 mil kilos de ese cereal.

Pero entre mayo de 2019 y el 10 de febrero de 2020 “las autoridades de Renova dispusieron de 30.218.613 kg. de soja de propiedad de Commodities, que entregaron a Vicentin, sin que hubiese mediado acto jurídico alguno que legitimara dicha decisión”. Lo mismo ocurrió entre mayo de aquel año y el 30 de junio de 2020, pero por 25.389.477 kg de soja, de acuerdo a la causa judicial.

El grupo Grassi reclamó por carta documento la restitución de los más de 55 mil kilos de soja, pero Renova respondió por el mismo medio que “no reviste el carácter de contraparte contractual de Commodities SA en ningún negocio jurídico que traiga aparejada la supuesta obligación de restitución de grano que infundadamente reclama en su misiva”.

La controversia derivó en una causa penal, que ahora los fiscales Moreno y Narvaja solicitaron llevar a juicio por el delito de administración fraudulenta, y que tiene como acusados a 14 ex directivos tanto de Vicentin como de Renova. Y solicitan penas que van de los 5 a los 4 años de prisión -es decir, de cumplimiento efectivo-, de acuerdo a la calificación legal que escogieron para uno de los imputados.