Corrientes adhirió por unanimidad a dicha normativa en el marco de la primera sesión ordinaria de la Cámara de Diputados de Corrientes.

La Ley Micaela dispone la obligatoriedad de la capacitación de los funcionarios de los tres poderes del estado en cuestiones de género y violencia contra la mujer.

En nuestra provincia aún no se ha reglamentado, ni puesto en ejecución. Tampoco se ha designado autoridad de aplicación ni se organizó las capacitaciones y la certificación de las mismas.

Es de vital importancia para toda la sociedad que la ley se ponga en marcha, y que los agentes estatales adquieran herramientas desde la perspectiva de género para el desarrollo de sus funciones.

La perspectiva de género nos permitirá seguir en la construcción de una sociedad más igualitaria donde los derechos de todas, todos y todes sean igualmente respetados.