Es por el reparto discrecional de un bono de 5 mil pesos para personas en situación de pobreza, que se distribuyó en la previa de las elecciones del 27 de octubre.

 



El fiscal federal con competencia electoral Jorge Di Lello pidió que se impute formalmente al ex ministro de Producción, Dante Sica, al diputado nacional Ricardo Buryaile y ex funcionarios del Ministerio de Producción y Trabajo y la ANSES por el reparto discrecional de un subsidio de 5 mil pesos para personas en situación de vulnerabilidad social, ante la sospecha de que se trataba de una maniobra de clientelismo político en la previa de las elecciones generales del 27 de octubre.

 

En el requerimiento de instrucción formulado ante la jueza María Servini, Di Lello recuerda las dos denuncias presentes al respecto: una, realizada por el apoderado del PJ, Jorge Landau, y otra, por el abogado formoseño Dardo Caraballo. La investigación comenzó por una nota del matutino Ámbito Financiero, en la cual se reveló el manejo discrecional de este subsidio cuya normativa jamás se publicó en el Boletín Oficial y se administró únicamente con resoluciones internas ministeriales.

 



Carballo añadió en su denuncia un dato que puede ser de mucha relevancia: cruzando datos encontró que alrededor de la mitad de las mesas electorales de la provincia de Formosa tenían fiscales partidarios de Juntos por el Cambio que, a la vez, eran beneficiarios del subsidio gubernamental. Por ese hecho vinculó al por entonces candidato a diputado nacional por esa provincia, Ricardo Buryaile, y a un concejal de la UCR.

 

Di Lello pidió investigar si se violó el artículo 139 del Código Electoral, que castiga con uno a tres años de prisión a quien "compeliere a un elector a votar de una manera determinada".

 

Luego de la contundente derrota en las PASO por más de 15 puntos, el Gobierno nacional creó sin darle difusión un bono de 5 mil pesos para personas en situación de vulnerabilidad social.

 

El mismo fue creado dentro del propio Ministerio de Producción y Trabajo y distribuido junto a Desarrollo Social y la ANSES. Tenía una vigencia inicial de dos meses, el plazo exacto de la campaña hasta después de los comicios del 27 de octubre, cuando fue consagrado presidente Alberto Fernández.