Jamás el Presidente podría alcanzar la aprobación del Senado para sus candidatos a la Corte si no sucediera antes un pacto con la exvicepresidenta.



os preguntas son imprescindibles. Una: ¿el Presidente necesita acordar con Cristina Kirchner con el argumento de asegurar la gobernabilidad? La otra: ¿en qué consistiría ese acuerdo político en caso de que ocurriese? No existe hasta el momento ningún indicio cierto de que el actual jefe del Estado y la expresidenta hayan acordado nada, salvo el estridente silencio de parte de Cristina Kirchner sobre las nominaciones de eventuales jueces de la Corte Suprema. Los nombres de los candidatos propuestos por Milei, el juez federal Ariel Lijo y el académico Manuel García-Mansilla, no podrían estar más lejos de sus simpatías. Para peor, Milei se ocupó en las últimas horas de descerrajar una guerra sin cuartel y sin sentido con presidentes latinoamericanos, el mexicano López Obrador y el colombiano Gustavo Petro, que militan en el viejo progresismo populista que también cultivó (y cultiva) Cristina Kirchner. No se trató de un serio intercambio de diferentes ideas sobre la economía y el mundo, que sería hasta necesario y oportuno, sino de ofensivas calificaciones que el presidente argentino les dedicó a dos mandatarios democráticamente elegidos. Las agresivas referencias hacia presidentes de otros países no son propias de un jefe de Estado. Hay que decirlo, por más que al Presidente no le gusten las opiniones de los que él llama “los sommeliers de las formas” ¿Qué los podría unir, entonces, a Milei y Cristina Kirchner, si disienten con las políticas de dentro y de fuera del país? Existe también entre ellos una coincidencia, casi imperceptible: los dos practican la esencia del populismo, que consiste en enfrentar a la sociedad con las instituciones, sean estas el Congreso, la Justicia o la propia prensa. La respuesta a aquella primera pregunta, sobre la necesidad de Milei de un acuerdo con Cristina, se cifra en subrayar que jamás el Presidente podría alcanzar la aprobación del Senado para sus candidatos a la Corte si no sucediera antes un pacto con Cristina Kirchner. Y también el acuerdo para los eventuales cortesanos sería una prueba de que puede gobernar con el Congreso. El bloque de 33 senadores peronistas está ahora, según varios testimonios del Senado, más ideologizado que cuando Cristina presidía el cuerpo. Tal vez hayan influido las ideas de Milei en esas radicalizaciones de los senadores o la necesidad de demostrar lealtad cuando ya no está ahí la lideresa que garantizaba la calidad ideológica. El eventual acuerdo de Lijo y García Mansilla debe empezar con el beneplácito de Cristina, aunque para concretarse tendría que abarcar una panoplia mucho más amplia de senadores. Se necesitan 48 votos en total. Respetemos el orden cronológico; primero está Lijo. ¿Por qué Milei llegaría al extremo de un acuerdo con Cristina, decisión impopular para sus seguidores, si Lijo no significa nada para Milei? Versiones oficiales inmejorables dan cuenta de una descomunal rabieta del Presidente con la mayoría que controla la Corte; esa mayoría está integrada por los jueces Horacio Rosatti, presidente del cuerpo; Carlos Rosenkrantz, vicepresidente, y Juan Carlos Maqueda, juez decano del tribunal. Los tres están, además, seriamente enfrentados con el cuarto juez del cuerpo, Ricardo Lorenzetti, el único de los supremos que tejió una asidua relación con Milei en el último año. Lijo es ahijado político de Lorenzetti, no de los otros tres. Milei sabe que la agenda de Lorenzetti no es la de él. El juez tiene su propia prioridad porque aspira a regresar a la presidencia del cuerpo. Lorenzetti sostiene en sus conversaciones reservadas que “el único cargo que importa en la Corte es el de presidente”. El espíritu volcánico del Presidente se activó contra la mayoría de la Corte porque esta no resuelve la constitucionalidad de su enorme decreto de necesidad y urgencia de diciembre pasado (el decreto Sturzenegger, como lo llaman los libertarios). Hay dos planteos que ya llegaron al tribunal. La Corte podría resolver sobre el capítulo laboral del DNU que fue declarado inconstitucional por una Cámara Federal del Trabajo. El jefe de los abogados del Estado, Rodolfo Barra, pidió que la Corte declare constitucional ese capítulo hace poco más de un mes. El máximo tribunal tiene en sus manos también una presentación del gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, en la que pide que declare inconstitucional todo el voluminoso DNU de Milei, no solo el capítulo laboral. Milei se niega a aceptar los tranquilos tiempos de la Corte, que siempre fueron parsimoniosos. Quiere, al mismo tiempo, que el máximo tribunal le dé la razón a él. Y se enfurece más todavía cuando escucha al juez Rosatti decir que la política debe arreglar los problemas de la política; la Justicia es el recurso de última instancia, según ese criterio, no el primero para resolver los conflictos políticos. La furia del Presidente contra la mayoría de la Corte es el vector de la nominación de Lijo, porque Milei sabe que a esa mayoría nunca le caen simpáticas las ideas de Lorenzetti. El Presidente se enojó, en síntesis. La Argentina no es un reino (Villarruel dixit).



La crisis de liderazgo de los radicales ya es patética



Lijo tiene serias impugnaciones morales. Basta con leer la última investigación de Hugo Alconada Mon sobre la pasión de los hermanos Lijo (el juez y su hermano Alfredo, “un solucionador de conflictos” en los tribunales, como este se llama) por los caballos de carrera y la fortuna que gastaron en la compra de esos animales. Sucede con algunos jueces federales: es perceptible una asimetría entre lo que perciben como magistrados y los bienes que exhiben. Versiones serias señalan que la Unidad de Información Financiera hizo, en tiempos en que la presidían Mariano Federici y María Eugenia Talerico, un fulminante informe sobre Lijo en el marco de la causa por asociación ilícita iniciada por Elisa Carrió. Pero es secreto. Nadie vio ese informe. ¿Por qué Lijo? Porque demostró que sabe cómo activar, silenciar o dormir una causa sensible que cae en su poder. El eventual acuerdo de Milei con Cristina Kirchner no será sobre política exterior o económica o de seguridad; el único acuerdo posible con ella consistiría en garantizarle su impunidad. Su situación judicial fue el único tema que la preocupó durante los cuatro años que fungió como vicepresidenta de Alberto Fernández, mientras el país caía en una de las peores crisis económicas y sociales de su historia reciente. Y Milei no tiene nada en común con Cristina Kirchner, salvo la necesidad de los votos de los senadores kirchneristas para el acuerdo de Lijo. Al Presidente se le complicaron más las cosas cuando el senador de La Libertad Avanza por Formosa, Francisco Paoltroni, se pronunció en contra de Lijo por los favores que el juez federal le hizo a Gildo Insfrán, dueño del feudo formoseño, en una grave causa penal. El radicalismo está dividido entre quienes no quieren ser cómplices de la impunidad de Cristina Kirchner y los que prefieren darle una oportunidad a Milei, aunque esa oportunidad incluya a Lijo. La crisis de liderazgo de los radicales ya es patética.



Otra versión colocó al juez de la Cámara de Casación Mariano Borinsky como candidato a procurador general de la Nación, que es el cargo del jefe de los fiscales y, por lo tanto, de la acusación en el país. Ese cargo está vacante desde el año 2017 –su última titular fue Alejandra Gils Carbó– y lo ocupa interinamente desde entonces de manera impecable Eduardo Casal, un fiscal de carrera que debería ser confirmado en ese cargo por un gobierno como el de Milei, que se dice enemigo de la corruptela política. El procurador requiere de la misma cantidad de votos senatoriales que los jueces de la Corte, los dos tercios de los presentes, para alcanzar el acuerdo. Otra vez Cristina sería necesaria para la propuesta de Milei; también se trata, otra vez, de un juez, como Lijo, severamente criticado por la expresidenta, incluso recusado en el caso de Borinsky. Borinsky es uno de los tres jueces de Casación (los otros dos son Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña) que revisan ahora el juicio oral de la causa Vialidad, que condenó a Cristina Kirchner a seis años de prisión y a la inhabilitación permanente para ejercer cargos públicos. Algunos fiscales manifestaron su preocupación por la eventual situación en la que podrían quedar los fiscales Diego Luciani, que fue el que llevó la dura acusación contra Cristina en el juicio oral del caso Vialidad, y Mario Villar, que pidió ante el tribunal de Casación una pena aún mayor para la expresidenta y la acusó de asociación ilícita. Tranquilos. Borinsky no es Lijo. Al revés de este, cuya nominación ya fue formalizada por el Gobierno, nadie le ofreció a Borinsky el cargo de procurador. Funcionarios cercanos a Borinsky señalaron que el juez está dedicado solamente a sus funciones como presidente de toda la Cámara de Casación, a estudiar la reforma del Código Penal y a cumplir sus tareas como juez de la sala que revisa la causa de Vialidad. Es improbable que Milei necesite de Cristina en este caso. ¿Solo en este caso? Silencio. De eso no se habla.