El subsecretario de Comercio y el director de Defensa del Consumidor y miembros de la Federación Económica de Corrientes y de la Federación Empresarial de Corrientes mantuvieron un encuentro en el marco del inicio del nuevo régimen del programa nacional que regula los costos de venta de más de 1.000 artículos.

El Gobierno nacional dispuso unilateralmente, a través de la Resolución N° 1050/2021 de la Secretaría de Comercio Interior de la Nación, el nuevo régimen de Precios Máximos por medio del cual intentará contener el aumento de precios. En ese marco, el subsecretario de Comercio de la Provincia, Juan José Ahmar, y el director de Defensa del Consumidor, Orlando Seniquiel, se reunieron con personal gerencial de las cadenas hipermercadistas nacionales, empresarios y directivos supermercadistas y mayoristas que integran la Federación Económica de Corrientes (FEC), la Federación Empresarial de Corrientes (FECORR).

Si bien el Gobierno provincial no está de acuerdo con la política económica y las medidas de fijación de precios máximos, como ya lo mencionaron tanto el gobernador Gustavo Valdés y el ministro de Industria, Trabajo y Comercio, Raúl Schiavi; las autoridades provinciales decidieron colaborar en el control de precios fijados en beneficio de los consumidores.

Los funcionarios explicaron en profundidad los aspectos legales, técnicos y operativos de este nuevo régimen de precios y las modalidades con que el organismo de aplicación provincial realizará las inspecciones en el marco de razonabilidad con que siempre han actuado las autoridades en esta materia.

Ante las consultas e inquietudes de los comerciantes, Ahmar informó que el Gobierno provincial presentó objeciones al secretario de Comercio Interior, Roberto Felletti, y a la subsecretaría Débora Giorgi. En ese sentido, Corrientes mencionó las dificultades que se presentan al segmento supermercadista local y a los comercios de proximidad para respetar el precio máximo de venta al consumidor final para el listado de 1.431 productos, ya que en muchos casos el precio de compra de los productos a los mayoristas o fabricantes supera el valor al que tendrían que vender o en otros casos no le dejan margen siquiera para cubrir sus costos.

Este problema no ha sido advertido por las autoridades nacionales al fijar un mismo precio máximo de los productos para todos los eslabones de la cadena comercial. De esa manera, se generan problemas en la aplicación del régimen y ya fueran advertidos por muchas provincias, incluso las que son gobernadas por el mismo espacio político que la Nación. Por este motivo, los funcionarios provinciales resaltaron que serán prudentes en los controles y razonables en la aplicación de medidas correctivas en caso de detectarse desvíos.

El subsecretario de Comercio aclaró que el organismo provincial que encabeza es el único legalmente facultado para controlar y eventualmente sancionar los incumplimientos que se detecten. Explicó que los municipios del interior podrán prestar colaboración a la Dirección de Defensa del Consumidor para realizar relevamientos, pero de ninguna manera están legalmente autorizados a juzgar presuntas infracciones y menos aún sancionar. También las organizaciones sociales, gremios y asociaciones de consumidores carecen de toda facultad legal para realizar controles.

Los funcionarios provinciales informaron que las inspecciones se realizarán en orden decreciente de magnitud de los establecimientos comerciales, tal como sugirieron las autoridades nacionales, o sea hipermercados nacionales, mayoristas, cadenas supermercadistas locales, y por último comercios de proximidad tanto de capital como del interior provincial.