La presentación es por “abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público contra quién o quienes corresponda”, y está en manos del juez Sebastián Casanello


Margarita Goyheneix de Abelleyra, de 72 años, está aislada en su casa junto a su marido de 75 años, ambos con un cuadro de coronavirus. Ellos recibieron la primera dosis de la vacuna Sputnik-V el 7 y 8 de abril y aún esperan la segunda. Un mes y unos pocos días después de haber sido inoculados, el 30 de mayo, su hijo mayor, Manuel, de 49 años, murió por Covid-19. A él todavía no le habían aplicado ninguna dosis de la vacuna, a pesar de ser de riesgo por tener un problema pulmonar a causa de un accidente. Hoy, desde su domicilio, ella apoyó una denuncia que presentaron en Comodoro Py seis mujeres, en representación de muchas otras, en el Juzgado Federal Nº 7, por “abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público contra quién o quienes corresponda”.

La causa ahora está en manos del juez Sebastián Casanello. “Queremos que se haga justicia, alguien se tiene que hacer cargo por el mal manejo de la pandemia”, dice Goyheneix de Abelleyra.


“Ahora estamos junto a mi marido en casa. Tenemos mala oxigenación porque estamos con coronavirus. Nunca nos llegó el segundo turno. La verdad que es una bestialidad lo que está pasando y debe haber responsables. Yo apoyo la denuncia que se presentó hoy, si no fuera por mi estado de salud hoy hubiera estado en Comodoro Py”, agrega.

Esta denuncia se empezó a gestar a partir de un texto que escribió Mercedes Moreno Klappenbach, de 67 años, que luego se viralizó y juntó 700 firmas. Ese escrito se titula “Que sea justicia”, y dice lo siguiente: “Invitamos a todos aquellos argentinos que no hemos recibido la segunda dosis de la Sputnik-V, a sumarse a esta convocatoria. Así como también a todos los que perdieron un ser querido por la no llegada de todas las vacunas en tiempo y forma. Este Gobierno bloqueó la compra de las vacunas americanas, priorizando las rusas”.

Moreno Klappenbach fundó junto a otras mujeres la Asociación Mujeres Americanas, que desde el año pasado le reclaman al Gobierno por más testeos y, por supuesto, vacunas. En su caso recibió la primera dosis de la Sputnik-V el 24 de junio. Dice que tuvo amigos y personas cercanas que fallecieron por coronavirus y que tenían una sola dosis de la vacuna rusa.

“Nosotras siempre acompañamos todas las medidas del Gobierno, pero desde el año pasado que pedimos por más testeos porque veíamos cómo se manejaba la pandemia en otros países y pensábamos que eso era necesario. También le escribí una carta en marzo de este año al presidente, Alberto Fernández, para proponerle que los privados podamos aportar para que el Estado comprara más vacunas, pero no tuve respuesta”, describe Moreno Klappenbach.
Entonces decidió buscar al director ejecutivo de Pfizer, Albert Bourla. Le escribió una carta para que los privados pudieran comprar las vacunas y desde la empresa farmacéutica le respondieron que las vacunas se negocian con los Estados y no con los privados. “Llamé a Pfizer en Nueva York y me respondieron eso. También me dijeron que debía buscar al director en la Argentina, Nicolás Vaquer, pero no recibí respuesta. De todos modos, mi idea no era que la compren los privados, sino que los privados podamos ayudar al Estado”, dice Moreno Klappenbach.

Su voluntad de conseguir vacunas no daba sus frutos. En paralelo, la situación de la pandemia en la Argentina empeoraba. Pero el punto de inflexión que la hizo escribir el texto que fue la génesis de la denuncia que presentaron hoy, fue la carta que le envió la asesora presidencial. Cecilia Nicolini a Anatoly Braverman, que es la mano derecha de Kirill Dmitriev, el CEO del Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF, por sus siglas en inglés). A partir de esa misiva, Moreno Klappenbach interpretó que el Gobierno argentino priorizó proveedores por cuestiones ideológicas.

“El Gobierno rechazó las vacunas de Pfizer por pura y simple ideología. Esta conducta tipifica el incumplimiento doloso de los deberes de funcionario público (art. 248 del Código Penal) al haber privilegiado unos proveedores de vacunas. Vale recordar que Pfizer, además de encontrarse radicada en el país desde el año 1956, una de las primeras sucursales que se instaló fuera de EE. UU., ya se encontraba realizando la mayor convocatoria de voluntarios para uno de las pruebas preliminares. La más importante en el mundo: 5000 voluntarios en el Hospital Militar. Cuántas vidas se hubieran salvado con la llegada de todas vacunas”, se lee en el texto que escribió Moreno Klappenbach.

“Hoy firmamos la denuncia seis mujeres. Ahora las autoridades judiciales son las que deberán determinar si la denuncia sigue su curso y quiénes serían los culpables. Según nos dijeron en el juzgado, nadie presentó una denuncia similar a la nuestra. Nosotros lo que queremos es que se haga justicia”, concluye Moreno Klappenbach.