La empresa MLE Sociedad Anónima operará desde el próximo lunes en territorio correntino. Cobrará los hisopados obligatorios en los siete retenes sanitarios dispuestos en límites interprovinciales con distritos vecinos. La firma tiene dirección postal en Córdoba Capital: Bulevar Castro Barros 453, pero al momento de rubricar “el convenio” con el ministerio de Salud Pública correntino, no se informó nombre y apellidos de quienes lo hicieron en representación de la S.A.
La cartera sanitaria dirigida por Ricardo Cardozo informó en la tarde de este último martes la operatoria, pero sin ningún detalle. Cuánto es el costo de los servicios privados que prestará la empresa al Estado provincial, es decir, a los correntinos.
Cuánto es lo que recaudará. Qué proyecciones tiene al respecto y qué porcentaje de esa recaudación irá a la firma.
Por qué no se hizo llamado a licitación o concurso de precios. Por qué se informó de manera casi informal con pocos datos sobre esta medida teniendo en cuenta que estamos en contexto pandémico.
¿Salud Pública de Corrientes no está en condiciones de administrar la gestión en pandemia? ¿Por qué es una empresa de otra provincia y región alejada a la de Corrientes la que se queda con un negocio millonario?
Muchas preguntas para el silencio oficial.
Tampoco está publicado en el Boletín Oficial de la provincia dicha operatoria con la empresa cordobesa.
Antecedentes y coincidencias con Corrientes
Un antecedente relevante de la firma es que aportó sus servicios de medicina laboral al Ministerio de Defensa de la Nación cuando Oscar Aguad ocupó ese cargo, durante la gestión presidencial de Mauricio Macri (PRO).
Aguad fue comisionado interventor durante la intervención federal en la municipalidad de Corrientes (2000-2001) e involucrado en una causa judicial que investigó el destino de 60 millones de dólares, durante su gestión.
Casusa que prescribió en 2014 y que siempre fue uno de los tantos misterios y tabúes judiciales para el radicalismo gobernante en la provincia desde 2001.
Otro dato sigue ligando a la UCR oficialista en Corrientes con sus correligionarios cordobeses. Alfredo Alciati es un funcionario que rompió todos los records. Ocupa la conducción del Instituto de Lotería y Casinos de la provincia desde la última intervención federal.
Sigue siendo un funcionario que data de esa última interrupción democrática en la provincia. Debe ser muy bueno y con alta performance en gestión para mantenerse en dicho despacho oficial durante dos décadas.
PRO y recaudación partidaria
Hace un mes atrás un pago escandaloso por parte de la administración del radical Gustavo Valdés, llegó a medios televisivos porteños.
El ex ministro de Justicia, Germán Garavano (PRO), percibió a través de una ONG en calidad de asesoramiento en la redacción del flamante Código Procesal Penal de la provincia, $3.500.000.
Dicho pago despertó el enojo de los abogados correntinos y juristas de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), quienes manifestaron que dicho asesoramiento lo hubiesen hecho gratis, teniendo en cuenta que era para mejorar el alicaído y vetusto sistema judicial correntino.
Operadores políticos observan este tipo de movimientos, como el de adjudicar a una empresa privada y foránea el cobro de hisopados y lo de la ONG ligada a Garavano, formas paralelas de recaudación para la caja proselitista del PRO con vistas al año próximo.
Legisladores opositores y funcionarios judiciales tienen la obligación de pedir claridad en este tipo de medidas.
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