La realidad económica exhibe la necesidad de un saneamiento en lo que hace al vínculo y exigibilidad de las obligaciones tributarias de la ciudadanía con los distintos ámbitos del estado, Provincial, Municipal y de Servicios, que a consecuencia de la prolongada pandemia que inmovilizó la economía provincial, y la posterior extraordinaria sequia con consecuencias de efectos ígneos, encuentra objetivo fundamento en analizar la inexcusable necesidad de un equitativo ordenamiento (requisito fundante del derecho tributario) entre las obligaciones y la pretendida exigibilidad del sector público, como es su necesidad de recaudar.
En ese ámbito de realidad, la pandemia inmovilizó las transacciones durante 2021 ya que exigió un cierre casi total de las actividades económicas comerciales, las profesionales, al límite que las vinculadas a la salud – a pesar de que el origen de la crisis era de esta naturaleza – a efectivizar un mínimo de prestaciones con el consecuente efecto sobre la salud de las personas, pero en el tema que tratamos, el no ingreso de recursos, hizo que la economía se sostenga posponiendo, postergando o compensando con algún método de recurso mínimo.
Sin embargo, las obligaciones tributarias y los servicios siguieron generando deudas que naturalmente en el tiempo quedaron en incumplimientos, y por lo tanto, jurídicamente en mora. En la actualidad se pretende recuperar lo no percibido, e inclusive, con gestiones judiciales, pero lo que es más trascendente y exhibe la imposibilidad de pago, es que la consecuencia de que la actualización y los intereses, las tornan de imposible cumplimiento. Esta circunstancia a su vez concurre con la pretensión recaudatoria de percibir simultáneamente las obligaciones actuales.
Este cuadro de la realidad socioeconómica afecta tanto al sector comercial como profesional, y especialmente a los particulares o aquellos que en estos últimos tiempos desarrollan actividades económicas bajo la estructura de monotributistas.
La emergencia ígnea decretada por el Gobierno Provincial fundadamente como consecuencia de lo acaecido en casi todo el territorio provincial, pospuso temporalmente las obligaciones, pero a niveles que a partir de la actualidad se tornan de imposible normalización. La prueba fehaciente que exhibe esta imposibilidad la constituyó el hecho de que muchos de los que estaban encuadrados como “afectados” no pudieron acceder formalmente a líneas de financiamiento con tasas beneficiosas, por no encontrarse en condiciones.
No hay dudas que así como exhibe el estado sus dificultades, los que conforman la economía provincial también están afectados en sus posibilidades económicas, lo que exige naturalmente que se haga uso de los instrumentos que se dispone para regularizar formalmente y de modo generalizad, como sería un plan de pago accesible, identificado habitualmente como Moratoria, y que permita a los obligados regularizar las deudas sin dejar de atender sus obligaciones para seguir funcionando, lo que beneficiaría al fortalecimiento de los obligados y la realidad de ingresos para las arcas públicas.
Por lo relatado se hace inexcusable que la legislatura provincial y Concejeros Municipales se avoquen como representantes del pueblo, a tratar un régimen de regularización que tenga vigencia en forma inmediata, como metodología para ayudar a superar la hoy evidente crisis económica, que se encuentra impactada simultáneamente por un proceso inflacionario que es reflejado en los indicadores económicos generados por el INDEC.
De ser aceptado este mecanismo, se podrán adherir los municipios y los prestadores de servicio público, facilitando el mantenimiento de las actividades productivas y comerciales, generadoras genuinas de empleo, fuertemente golpeadas en la pandemia, y el bienestar general de la población, acechada por la espiral de aumentos de precios de productos y servicios.