El cierre de la planta de la petroquímica Dow, de puerto San Martín, no sólo deja centenares de familias en la calle, sino que acentúa el carácter reprimarizador de la economía, impuesto por Macri y aún no revertido hasta el presente. La amenaza de la multinacional de dinamitar la planta tras el cierre es un claro mensaje de que pretenden mantener el mercado sin permitir ninguna forma de competencia posible. San Lorenzo y todo el cordón continúa recibiendo los coletazos de la crisis de Vicentín y de las reconversiones de las grandes empresas que operan a escala global y sus decisiones no contemplan el impacto social, ambiental o político que puedan generar. No son solo los afectados directos los que sufren las consecuencias, es la economía regional, el consumo popular y la expectativa generacional la que se resiente.

En la otra punta de la provincia, Vicentín, en Avellaneda, ha incumplido los acuerdos salariales pactados con sus trabajadores de la algodonera Reconquista el año pasado para superar un duro conflicto con el personal y lleva la situación a las puertas de una nueva huelga. Sigue manteniendo la suspensión de los delegados mientras la producción está al 100%, con cerca de 700.000 kg de hilo. En la empresa hay más de 400 trabajadores, el sueldo es de 54 mil pesos mensuales promedio y se trabaja con turnos rotativos y donde, también, trabajan 15 mujeres, la mayoría son jefas de familia.


No les alcanzó a los trabajadores con los sacrificios desplegados, los ataques brutales recibidos de la patronal y la traición del sindicato. Todo fue posible porque estas patronales ignoran la mediación del Ministerio de Trabajo de la Provincia, hacen lo que quieren y apenas reconocen la relación de fuerzas cuando la resistencia de los trabajadores se los impone. La suspensión de los delegados muestra la impotencia de la cartera laboral. Hay enorme cantidad de casos en que estos abusos se frenaron.

La vergonzosa oferta realizada por la firma en el concurso de acreedores de abonar sólo el 25% a largo plazo es la exacta medida de la impunidad con la que acumularon y fugaron riquezas los sectores vinculados a las exportaciones de granos en las últimas décadas.

A menos de un mes de terminar el período de exclusividad dentro del concurso, en puertas de pedir una extensión, los ojos de los damnificados están puestos en los posibles adquirentes de la firma, el posible consorcio entre Glencore, Molinos y ACA, genera la misma incertidumbre entre los productores y los propios trabajadores.

No hay dudas de que de estas cosas no hablará la oposición santafesina de Juntos por el Cambio durante la campaña. La pregunta está en quién de los contrincantes del Frente de Todos se pondrá al hombro estas preocupaciones.

Agustín Rossi, desde el comienzo de su carrera política al frente del Concejo Municipal de Rosario mostró una actitud proactiva en defensa de los trabajadores de Acindar, acampados en aquellos días frente a la vieja jefatura de policía, en un largo conflicto que duró seis meses. Como presidente del bloque de diputados kirchneristas, siempre puso el oído a las reivindicaciones sindicales y reclamos de los movimientos sociales. Es previsible su compromiso con los que hoy la vuelven a pasar mal. Por el lado de Marcelo Lewandowsky su corta trayectoria en las lides políticas dejan la incógnita de sus reflejos en momentos de crisis. Lo que no hay dudas es que serán estas actitudes y no las rencillas palaciegas las que definirán las preferencias. Los petroquímicos, los algodoneros, los desocupados que reclaman empleo serán los árbitros que definirán los puntos que le corresponde a cada uno.