En las actuales circunstancias, parece posible considerar que un "golpe blando" se habría perfeccionado y fortalecido en el país a partir de que, de hecho, se observan esfuerzos en tal sentido desde el Poder Judicial y sin dudas desde la oposición. Sin anuencia del Poder Ejecutivo, claro está, que parece brillar más por inacciones que por decisiones, y con el Congreso Nacional objetivamente neutralizado.

En este contexto la situación política y social es gravísima. Y esto es ya fácil de apreciar: hoy cualquiera puede ver el drama alimentario, y también educativo y moral, de más de la mitad de la población, esparcida en 23 provincias en cierto modo autonomizadas pero hasta por ahí nomás, ya que la dependencia del Ejecutivo Nacional es tan maciza y cotidiana como dañina para el federalismo que proclama la Constitución Nacional.


En el contexto desalentador y de retrocesos incluso morales que vive nuestra república –por el así llamado "acuerdo" con el FMI y la obvia decisión gubernamental de ceder a las exigencias del inmoral organismo supermundial en toda la línea– es previsible que estas decisiones llevarán al pueblo argentino a pagar absurdamente una estafa (que llaman "deuda") por tres o cuatro generaciones como mínimo. Y llevarán también a la profundización de la entrega de nuestra soberanía y la correlativa destrucción de casi todas las riquezas naturales de esta tierra otrora bendita.

En ese marco cree esta columna que debe encuadrarse la valiente y muy necesaria exhortación del Juez nacional Juan María Ramos Padilla, quien la última semana hizo público su reclamo de renuncia de los cuatro ciudadanos que hoy conforman la Corte Suprema de Justicia. Y presentación que mereció una gran difusión en muy diversos ámbitos de la vida nacional, y por la que ya se está organizando una gran marcha a la Plaza de Tribunales porteña, con seguros correlatos ante sedes judiciales en todas las provincias.

El reclamo de la inmediata renuncia de los cuatro "cortesanos", como se los llama popular y peyorativamente, es considerada de toda necesidad y urgencia por numerosos sectores políticos, económicos, sindicales, sociales e incluso empresariales, y es compartida por millones de compatriotas en todo el territorio nacional. Así lo impone la defensa de la institucionalidad de la República porque, en palabras del mencionado Juez Ramos Padilla, "sin Justicia nadie puede resolver los conflictos internos, y así aparece en riesgo la Paz Social".

Según la Constitución Nacional, el Poder Judicial es esencial para la vida en democracia, pero también es ya un hecho inocultable que desde hace muchos años, y de manera sistemática, en la República Argentina la impartición de Justicia en forma pacífica, sostenida y ecuánime está absoluta y generalizadamente cuestionada en el seno del pueblo argentino. Sobran pruebas al respecto y el símbolo de la No-Justicia en esta república es la Sra. Milagro Sala.

Lo cierto es que es visible y obvio que cualquier ciudadano o ciudadana se siente bajo amenaza y desprotección dada la práctica sectaria, clasista, escandalosamente demorada, sospechada de corrupciones sistemáticas y caprichosamente adecuada a los intereses de las clases oligárquicas y los empresariados más poderosos. De ahí que sea visto ya como insostenible el desproporcionado poder que hoy acumulan los cuatro jueces de la actual Corte Suprema de Justicia, prácticamente liberados de controles republicanos, absolutamente desprestigiados, sobrados de sospechas de corrupción y de impudicias decididamente antidemocráticas.

Muchos sectores consideran también que es urgente restablecer el imperio de una Justicia que sea confiable para la ciudadanía, es decir una Justicia capaz de prácticas y sentencias institucionales que coloquen al Poder Judicial de la Nación en favor de la resolución ponderada, justa, ecuánime y pacificante de todos los problemas de nuestra sociedad, en todos los fueros y circunscripciones y siempre estrictamente apegados a Derecho.

Desde esta concepción republicana y democrática, y en salvaguarda en primer lugar de la paz social y la democracia misma, decenas de organizaciones sociales y políticas han salido a reclamar en estos días la renuncia inmediata e incondicional de los actuales 4 (cuatro) conjueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que es la cabeza del Poder Judicial, los ciudadanos Horacio Daniel Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Ricardo Luis Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda, a la vez que convocan a una marcha masiva frente al Palacio de Tribunales el próximo lunes 1º de Febrero por la tarde.

En similar sentido y en un documento dado a conocer ayer domingo por El Manifiesto Argentino convocando a esa Marcha, el Juez Federal, en este caso de Córdoba y renunciante hace unos años, Miguel Rodríguez Villafañe, subraya que "ante la existencia de una oposición no dispuesta a trabajar una política de Estado, que permita superar la problemática básica del funcionamiento del Poder Judicial en la que estamos sumidos, se solicita al Presidente de la Nación la convocatoria a una consulta popular no vinculante, con carácter de urgente, conforme lo dispuesto por la ley 25432, ampliando el número de las y los ministros de la Corte a nueve o más, y con la exigencia de que se cumpla estrictamente el Decreto 222/03, especialmente con irrestricto respeto a la integración con paridad de género y con una representación federal verdaderamente representativa en el máximo Tribunal del país".

Lo cierto es que decenas de organizaciones políticas, sindicales y sociales se proponen también "que el Congreso de la Nación disponga el inmediato llamado a una Reforma Constitucional abierta y sin condiciones, para que el Pueblo Argentino pueda debatir y modificar, libre y horizontalmente, todo el articulado actual. De donde sin dudas resultará una verdadera Carta Magna que la ciudadanía sabrá honrar y acatar". Y es conjeturable también que ésta sea la primera movilización político-social de 2022. Y sólo la primera, porque si bien el silencio neo-menemista es estruendoso frente a la entrega de nuestra soberanía sobre el río Paraná y todo el litoral marítimo, incluídas Malvinas y Antártida, también ha crecido muchísimo la resistencia popular a las codicias de la megaminería así como al desastre ambiental que representan incendios intencionales, tala de bosques, latifundios y otros atropellos. El silencio de operadores cipayos al servicio de grandes corporaciones que se relamen para quedarse con las riquezas argentinas, es harto sonoro.

Para contrarrestar tales maniobras, además del rol central de una Corte Suprema irreprochable sería imperativo contar con un sistema informacional veraz, autónomo y protegido por el Estado. Por eso mismo sigue siendo lamentable que el gobierno nacional no reaccione y ya no sólo con la TDA que no se ha atrevido a recomponer, sino incluso con la TVP tilinguizada que a ciertas horas parece competir, estúpidamente, con la telebasura.

Todo esto se jugará en el tablero de las próximas semanas, si la masiva asistencia popular contra 4 cortesanos emula a aquella otra, magnífica, del 2x1. No es menos importante.