Así figura en el Presupuesto provincial para este año que fue aprobado por el oficialismo radical correntino y sus aliados en la Legislatura. Por mes son más de $7.000 millones solamente en jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares.

Hay un libreto que cada tanto el gobierno de Corrientes lo repite como un mantra, una especie de letanía que se intensifica en tiempos electorales. Nación discrimina a Corrientes. Como si la provincia fuese una especie de escisión del país, como si fuese un territorio soberano.

En realidad no es así. Es todo lo contrario, Corrientes se sostiene económica y financieramente gracias al volumen de dinero que llega todos los meses desde el tesoro nacional.

Recursos que, cabe aclararlo, le corresponden por derecho.

Para este año que se inició las arcas correntinas presupuestaron un ingreso de $200.188 millones en coparticipación federal y demás leyes especiales. Recursos que al final del año seguramente serán mucho más debido al crecimiento económico que se prevé para este 2022 en la salida de la pandemia de Coronavirus.

Pero incluso hay un dato más relevante y gráfico: por mes las arcas provinciales reciben $7.666 millones solamente en jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares, incluidas la Asignación Universal por Hijo (AUH). Todo instrumentado y pagado mensualmente por ANSES.

El otro dato revelador y contrastante es que esos beneficios sociales llegan a 770 mil correntinos y correntinas según datos del organismo nacional actualizados a diciembre de 2021. Esa cifra de beneficiarios se debe contrastar con el millón cien mil habitantes de la provincia.

La llamada discriminación de Nación a Corrientes es un latiguillo discursivo que apela a lo emotivo del sentido de pertenencia correntino, un etnocentrismo que solamente afianza una idea ficticia –en casi todos los casos- de persecución meramente por ser de otro color político. O por habitar el norte del país.