Con la oficialización de la reglamentación de la Ley Nacional de Atención y Cuidado Integral de la Salud durante el Embarazo y la Primera Infancia, conocida también como de los 1000 días (ley 27611/2020), el Gobierno concreta así uno de sus compromisos fundamentales de campaña, junto a la también sancionada y reglamentada Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).

La reglamentación fue publicada este sábado en el Boletín Oficial por medio del decreto 515/2021, firmado por el presidente Alberto Fernández; el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y los ministros Carla Vizzotti (Salud), Elizabeth Gómez Alcorta (Mujeres, Géneros y Diversidad), Claudio Moroni (Trabajo) y Eduardo "Wado" De Pedro (Interior).

En el decreto se establece que "a los fines de garantizar el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones establecidos" en la ley de los 1000 días "resulta necesario el diseño del modelo de atención y cuidado integral por parte de la Autoridad de Aplicación", que en este caso corresponde, al igual que en la ley IVE, al Ministerio de Salud.

En ese sentido, el decreto también dispone que la cartera sanitaria -en tanto autoridad de aplicación- deberá "establecer las prestaciones que brindará el sistema, definir su cobertura y/o su inclusión en el Programa Médico Obligatorio", y que también tendrá que elaborar "un Plan Nacional de Implementación" con un cronograma público a cumplir.

En el anexo al decreto, suscripto por la secretaria de Acceso a la Salud, Sandra Tirado, se precisan montos y competencias para cumplir con los distintos artículos de la ley 27611/2020, que en uno de sus apartados fundamentales creó la Asignación por Cuidado de Salud Integral y la incorporó al Régimen de Asignaciones Familiares.

En este último caso, se trata de un pago una vez por año de "una suma a las personas por cada niño o niña menor de tres años que se encuentre a su cargo, siempre que hayan tenido derecho al cobro de la AUH para protección social dentro del año calendario, y acrediten el cumplimiento del plan de vacunación y control sanitario".

La aprobación

El Senado había convertido en ley, por unanimidad, el Plan de los 1000 Días de asistencia a niños y niñas en la madrugada del 30 de diciembre de 2020, minutos después de la histórica sanción del aborto legal en la Argentina.

La iniciativa fue debatida al finalizar la discusión por el proyecto de ley del aborto que también fue sancionado de manera definitiva, tras más de doce horas de discusión.

Los puntos centrales

El Plan de los 1000 Días establece una nueva asignación por Cuidado de Salud Integral, que consiste en el pago de una Asignación Universal por Hijo a concretarse una vez por año para ayudar al cuidado de cada niño o niña menor de tres años.

La ley extiende la Asignación Universal por Embarazo (AUE), que pasará de tener seis mensualidades a nueve, para abarcar la totalidad de la gestación.

También se amplía el pago por Nacimiento y por Adopción a las personas beneficiarias de la Asignación Universal por Hijo (AUH), que hasta ahora están excluidas de este beneficio.

Por otro lado, se prevé la provisión pública y gratuita de insumos esenciales durante el embarazo y para la primera infancia, coordinando y ampliando los programas existentes, y la creación del Sistema de Alerta Temprana de Nacimientos y el Certificado de Hechos Vitales con el objeto de garantizar el derecho a la identidad de las niñas y niños recién nacidos.

La ley, junto a la de la interrupción legal del embarazo, había sido anunciada por el Presidente durante su primer discurso ante la Asamblea Legislativa
Entre los insumos, se menciona la provisión de medicamentos esenciales, vacunas, leche, alimentos para el crecimiento y desarrollo saludable en el embarazo y la niñez.

En ese sentido, se busca afianzar el "derecho a la protección en situaciones específicas de vulnerabilidad" para las "niñas y las niñas con necesidad de cuidados especiales en sus primeros años", "personas que cursen embarazos de alto riesgo" o padezcan "trombofilia", "mujeres u otras personas gestantes en situación de violencia por razones de género" y "niñas y adolescentes embarazadas".

También se crea en el ámbito del Ministerio de Salud una Unidad de Coordinación Administrativa "para la atención y el cuidado integral de la salud de las mujeres y personas gestantes durante el embarazo y de sus hijos hasta los 3 años".

La ley, junto a la de la interrupción legal del embarazo, había sido anunciada por el Presidente durante su primer discurso ante la Asamblea Legislativa.

"Nuestro propósito es llegar a las mujeres de nuestro país en situación de vulnerabilidad social en la etapa que más necesitan de la presencia del Estado, durante el embarazo, nacimiento, puerperio y primeros años de crianza", dijo Fernández en esa oportunidad.

"El Estado debe estar presente en estos tres momentos trascendentales de la familia para acompañar y brindar cuidado y protección: durante el embarazo de la mujer, en el nacimiento del hijo o hija y en la infancia del recién nacido. Para eso necesitamos un Estado activo, con fuerte presencia, capaz de articular políticas públicas sustentables y que pueda asistir a las familias que necesitan su apoyo", agregó.