Tras cerrarse el período de impugnaciones abierto por el Ministerio de Justicia y Seguridad para presentar cuestionamientos a los tres candidatos propuestos por el Poder Ejecutivo para la Corte Suprema de Justicia de la provincia -Jorge Baclini, Rubén Weder y Margarita Zabalza-, el ex fiscal General de Santa Fe recibió tres objeciones, que serán analizadas por la comisión bicameral de Acuerdos de la Legislatura el próximo 4 de febrero.
El ex jefe de los fiscales, Jorge Baclini, un hombre cercano al gobernador Maximiliano Pullaro, fue el único que reunió objeciones a su pliego como potencial ministro de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe. Fueron tres y serán analizadas por los cuatro senadores y los ocho diputados que integran la comisión de Acuerdos.
Una de esas impugnaciones la presentó el abogado Hernán Martínez, quien en el texto de objeción aclara que “la presente no implica una modificación del elevado concepto que merece el profesional mencionado al suscripto”, pero “existen circunstancias objetivas que merecen ser analizadas en el marco del presente procedimiento”.
¿Cuáles son esas circunstancias? Una compra directa aprobada por Baclini como máxima autoridad del Ministerio Público de la Acusación (MPA) el 2 de diciembre de 2020, para adquirir por un año la licencia de un software que permite realizar extracciones de teléfonos celulares en investigaciones judiciales.
De acuerdo a la presentación de Martínez, por Resolución N° 469/2020, Baclini “autorizó la contratación directa con la firma Emprendimientos Grupo Patagónico SRL la adquisición de una licencia por un año calendario, para el Organismo de Investigaciones del MPA, para realizar extracción forense de dispositivos móviles, por un monto total de U$S 53.000”.
Martínez, que es abogado defensor del ex ministro de Seguridad provincial, Marcelo Sain en la causa que se le sigue por “negociaciones incompatibles con el cargo” y «tentativa de defraudación», por una licitación para adquirir armas policiales, recordó que se trata de la misma empresa por la que el ex funcionario será llevado a juicio junto a otros ex funcionarios, y en la cual el fiscal Hernández solicitó 5 años de prisión e inhabilitación absoluta para el principal acusado.
“Conforme surge de las expresiones del señor fiscal Ezequiel Hernández en el proceso penal identificado con el Cuij 21-08561576-6 «Sain, Marcelo y otros s/ negociaciones incompatibles», la empresa Emprendimientos Grupo Patagónico SRL no tenía programa de integridad, contaba con una sola empleada, no tenía inmuebles (de hecho, su domicilio legal era la vivienda de su socio gerente, Bernardo Menajovsky) y no poseía vehículos ni muebles de ningún tipo a su nombre”, sostiene la presentación del abogado Martínez.
Además de ello, “al momento de la contratación directa, la empresa no contaba con la Constancia de Cumplimiento Fiscal que exigía la Administración Provincial de Impuestos (API)”, agregó Martínez, para recordar que “la adquisición suscripta por el doctor Baclini se realizó mediante compra directa alegando la excepción que prevé la ley N° 12.510 en su art. 116, inc. c), punto 5”.
Dicha excepción puede ser utilizada para eludir una licitación, cuando exista “exclusividad comprobada del oferente y carencia de bienes sustitutos”, que para el abogado de Sain es una “circunstancia que no habría existido, ante la posibilidad de adquirir de otros bienes de similares características que podrían haberse evaluado en un procedimiento licitatorio (por ejemplo, el software Cellebrite, utilizado hoy en día por el propio MPA, Oxygen Forensic Extractor, MOBILedit Forensic, Belkasoft Evidence Center X, entre otros)”.
Para el letrado, “se evidencia una notoria contradicción en el accionar de la administración provincial” entre la causa iniciada a Sain por celebrar una licitación para la compra de armas policiales mediante licitación con la empresa Emprendimiento Grupo Patagónico -que finalmente quedó suspendida por la intervención de un organismo de control- y la adquisición de servicios con la misma firma por parte de Baclini, ahora propuesto como ministro de cabeza del Poder Judicial de la provincia.
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“Tratándose de la misma empresa, en un caso la provincia se constituye en querellante denunciando un delito contra el funcionario (por Sain)” y “en el otro, lo propone como ministro de la Corte (por Baclini”, dijo el abogado Martínez en su impugnación. Y concluye: “Deberá expedirse la Administración Provincial, explicando tal irreconciliable contradicción”.
En cambio, Weder y Zabalza no recibieron objeciones a sus pliegos, por lo que el trámite para su designación por parte de la Asamblea Legislativa parece no presentar obstáculos. La comisión de Acuerdos que preside el senador por el departamento 9 de Julio, Raúl Gramajo, estableció que el 4 de febrero se analizarán las tachaduras presentadas sobre la propuesta de Baclini, y el 11 del mismo mes se realizarán las entrevistas a los tres postulados.
Un día después la comisión buscará emitir dictamen y el 13 se realizaría la primera convocatoria a la Asamblea Legisltativa para aprobar los pliegos de los tres candidatos al máximo tribunal provincial.