En una nueva jornada de manifestaciones en las calles de París y otras ciudades de Francia, las autoridades ordenaron reprimirlas y se generaron disturbios.

La policía reprimió este martes a los grupos de manifestantes en París y otras ciudades de Francia durante otro día de protestas y paros contra la reforma jubilatoria impuesta por decreto por el presidente Emmanuel Macron.

Tras el rechazo del Gobierno francés al pedido de una "mediación" para buscar una salida al conflicto social, miles de personas salieron a las calles en la décima jornada de huelga general y movilización contra la reforma desde el 19 de enero.

En ese contexto se registraron incidentes entre manifestantes y fuerzas de seguridad en ciudades como Lille (norte de Francia) a Toulouse (sur), pasando por Rennes (oeste) o Lyon (este), pero de menor intensidad.

"Un total de 740.000 personas se reunieron en Francia, incluidas 93.000 en París", informó la cadena de televisión BFMTV, que citó al Ministerio del Interior francés.

En tanto, la Confederación General del Trabajo (CGT) de Francia estimó en más de dos millones los participantes en las huelgas en todo el territorio del país y juntos a otros sindicatos prevén organizar las próximas protestas el 6 de abril.

El vocero gubernamental, Olivier Véran, rechazó este martes la última propuesta de Laurent Berger, líder del principal sindicato, la Confederación Francesa Democrática del Trabajo (CDFT), de buscar una "mediación" para hallar una vía de salida, y afirmó que pueden "hablarse directamente".

Las fuerzas de seguridad lanzaron gases lacrimógenos contra cientos de personas en París, donde manifestantes vestidos de negro y con la cara cubierta saquearon un comercio y prendieron fuego a basura, informó la agencia de noticias AFP.

Aunque las manifestaciones fueron mayormente pacíficas en un principio se volvieron violentas luego de que Emmanuel Macron aprobara la reforma jubilatoria por decreto para evitar una votación del proyecto en el Parlamento, que se prefiguraba complicada.

El ministro del Interior, Gérald Darmanin, dijo que jóvenes radicalizados planeaban "destruir, herir y matar" y que, por lo tanto, ordenó un despliegue "inédito" de 13.000 policías.

Darmanin también alertó de la presencia en París de "más de 10.000 radicales, algunos llegados desde el extranjero", en momentos en que el Gobierno intenta criminalizar las protestas, que siguen contando con un gran apoyo popular.

Por su parte el líder de la CGT, Philippe Martinez, dijo que "la movilización sigue siendo igual de importante" con "muchos jóvenes" en las marchas contra la suba de la edad jubilatoria de 62 a 64 años.

Esto es "la prueba de que el movimiento no se agota", agregó ante periodistas en la ciudad central de Clermont-Ferrand.

En este contexto de creciente tensión, el Gobierno y los sindicatos buscan cómo calmar los ánimos, pero firmes en sus posiciones: las organizaciones sindicales quieren la retirada o la suspensión de la reforma, algo que Macron rechaza.

Pese a la negativa del vocero gubernamental de buscar una "mediación", y en un gesto poco habitual durante esta crisis, los diputados centristas de MoDem, miembro de la alianza oficialista de Macron, apoyaron la propuesta de Berger para "tratar de encontrar el diálogo" con cierta perspectiva.

Macron, bajo presión

Emmanuel Macron, de política liberal, fue reelecto en abril del año pasado hasta 2027.

Su reforma previsional aprobada por decreto lo dejó en una situación delicada ya que una mayoría de franceses lo considera responsable de la situación actual por no querer escuchar el malestar sobre una reforma que el Gobierno considera crucial para evitar un déficit en la caja de las pensiones.

Dos de cada tres franceses, según los sondeos, se opone además a esta reforma que retrasa gradualmente la edad de jubilación de 62 a 64 años para 2030 y adelanta a 2027 la exigencia de cotizar 43 años (y no 42) para cobrar una pensión completa.

El decreto de Macron que valida la ley se encuentra bajo revisión del Consejo Constitucional luego de que fuera apelado por partidos opositores.

El mandatario solo podrá promulgar la reforma si el Consejo le da su visto bueno.

La semana pasada, Macron dijo que la ley debe estar vigente para fin de año, pero mientras tanto los sindicatos no tiran la toalla, y los jóvenes son cada vez más numerosos en las protestas.

Lucha -y basura- en las calles de Francia

Desde el 19 de enero, los sindicatos organizaron diez jornadas de protestas masivas contra este impopular proyecto, que aumentaron en intensidad cuando Macron lo adoptó por decreto.

Las últimas movilizaciones estuvieron marcadas por disturbios y choques entre manifestantes radicales y fuerzas de seguridad en las grandes ciudades. El jueves pasado, hubo 457 detenidos y 441 policías y gendarmes heridos, según las autoridades.

En la capital hubo 27 detenidos este martes, según medios locales citados por la agencia de noticias Sputnik, mientras que miles de toneladas de basura se acumularon en las calles de París después de tres semanas de una histórica huelga.

También hoy, la CGT anunció que los basureros de París retomarán sus actividades el miércoles de esta semana.

"Suspenderemos nuestro movimiento de huelga y bloqueo a partir del miércoles 29 de marzo", anunció la CFT aunque precisaron no obstante que el combate contra la reforma "no terminó" sino que buscan abrir un espacio para discutir cómo retomar el reclamo "con más fuerza".

Aún quedaban unas 7.000 toneladas por levantar, tuiteó la alcaldesa parisina, Anne Hidalgo.

Los empleados en paro pierden la parte de su salario correspondiente a las horas no trabajadas.

Como parte de las protestas también hubo bloqueos de depósitos y refinerías que dejaron a un 15% de gasolineras sin combustible, entre otras maniobras.

Los trenes circularon este martes con una notable disminución de su frecuencia, y en París, el transporte público registraba "perturbaciones", según su operador RATP.

La Torre Eiffel, una de las principales atracciones turísticas y un símbolo de París, permaneció cerrada al público durante la jornada.
La gestión policial de las protestas contra las reformas, así como de la manifestación contra un embalse agrícola que dejó dos personas en coma el sábado, está en el punto de mira de las organizaciones de defensa de derechos humanos.
En ambos casos, "hay un uso desproporcionado de la fuerza", dijo Jean-Claude Samouiller, de Amnistía Internacional.