Así lo dispuso la jueza federal de Resistencia, Zunilda Niremperger. Fue sin prisión preventiva pero con un embargo de un millón de pesos. Es en la causa vinculada al supuesto direccionamiento y pago de sobreprecios en contrataciones del Municipio de Quitilipi. La medida también alcanza a Matías Balmaceda Paiva, Miguel Vilte y Claudio Tolosa, a quienes también se embargó por $1 millón a cada uno.



La jueza federal de Resistencia, Zunilda Niremperger, decidió procesar sin prisión preventiva a la actual diputada nacional por Cambiemos, Aída Ayala, por el presunto delito de defraudación a la administración pública y le trabó un embargo de un millón de pesos.



Además, también fueron procesados sus colaboradores Matías Balmaceda Paiva, Miguel Angel Vilte y el empresario Claudio Tolosa, a quiénes la magistrada federal también los embargó por un millón de pesos a cada uno.

 

La medida fue dictada el lunes 30 de diciembre de 2019, luego de que Ayala y el resto de los imputados prestara declaración en noviembre pasado. A la ex secretaria de Asuntos Municipales del gobierno de Mauricio Macri se la considera como autora del delito de defraudación a la administración pública, mientras que a Balmaceda Paiva, Vilte y Tolosa como partícipes necesarios en el mismo delito.



La investigación

 

Según el requerimiento de instrucción del fiscal federal Patricio Sabadini, desde su cargo como secretaría de Asuntos Municipales del Ministerio del Interior de la Nación, Ayala habría direccionado al Municipio de Quitilipi a la contratación directa como proveedor del empresario Claudio Tolosa pagando sobreprecios de las herramientas e insumos adquiridos para la gestión municipal.

 

En ese contexto, el Ministerio Público Fiscal precisó que Balmaceda Paiva y Vilte se habrían presentado ante el intendente de Quitilipi, Carlos Casalboni, como miembros de la Fundación Construir, “think tank” que motorizó la campaña electoral de la exintendenta de Resistencia en 2015, para gestionar la contratación de la empresa Service Hogar, propiedad de Tolosa.

 

Lo que llamó la atención del fiscal fue que Tolosa se encontraba registrado en AFIP como propietario de Service Hogar con categoría de monotributista cuya actividad era la reparación de electrodomésticos de refrigeración, sin embargo “proveyó al Municipio de Quitilipi de desmalezadoras, fumigadoras, soldadoras, carretillas, palas, motoguadañas, motosierras, hidrocavadoras, compresor, acoplado rural, tanques, etc, por la suma en esa ocasión, de casi un millón de pesos, no contando con local comercial para esta actividad”.

 

En ese contexto, indicó que también se efectuó la compra de elementos de oficina, artículos de electricidad a Tolosa, “quien estaba señalado por la Sra. Aída Ayala como único destinatario de las transferencias de dinero que se gestionaban mediante la Secretaría de Asuntos Municipales y por lo cual todos los convenios se realizaban con Service Hogar, lo que no podía ser cuestionado por el intendente de Quitilipi, ya que las operaciones se efectuaban con la condición de que las compras se realicen a Tolosa”.