El presidente Vladímir Putin viajó a principios de mes a Mongolia , el primer país firmante del Estatuto de Roma que visitaba y que, por tanto, debería haber procedido a su detención en cumplimiento de la orden emitida el 17 de marzo de 2023 por el Tribunal Penal Internacional (TPI) con sede en La Haya por el presunto secuestro y deportación a Rusia de niños ucranianos, que sus jueces consideran «crímenes de guerra». Pero no fue arrestado y las autoridades mongolas explicaron que no se lo podían permitir debido a la fuerte dependencia del país de la electricidad (el 20% de sus importaciones) y de los carburantes rusos, que suponen el 95% de las importaciones entre el petróleo y el gas.Junto con el jefe del Estado ruso, el TPI dispuso el año pasado el apresamiento también por el mismo motivo de María Lvova-Belova , nombrada por el Kremlin defensora de los Derechos de la Infancia. Una de las evidencias de la implicación de esta mujer en los delitos denunciados por el TPI ha fue un encuentro televisado con Putin en donde ella admitía haber adoptado a uno de esos niños ucranianos sin esperar a que pudiera haber sido devuelto en algún momento a sus familiares.Tras la visita a Mongolia, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, se jactó de la facilidad con la que el presidente ruso esquivó la orden del TPI y aseguró que tal circunstancia «no impedirá la acción diplomática de Rusia» en el mundo, pese a que Putin ha tenido que evitar el año pasado otros viajes a países comprometidos con el TPI como es el caso de Sudáfrica, a donde no acudió a la cumbre de los BRICS, o India, en donde no participó en la cumbre del G20.Sin preocupacionesEn este mismo empeño por reforzar ante la ciudadanía de Rusia el relato de que no preocupan en absoluto las decisiones del Tribunal de La Haya, cuya jurisdicción Moscú no reconoce, se enmarca la reciente boda, por todo lo alto y con enorme difusión mediática, de Lvova-Belova con el oligarca ruso, Konstantín Maloféyev, sancionado por Occidente por su apoyo a la guerra en Ucrania y por instigar e inspirar la anexión de Crimea. «Sí, me he casado, mi elegida, mi esposa, es María Alexeyevna Lvova-Belova, la persona más cercana y más querida por mí. Y la desgracia de nuestros respectivos divorcios –con sus antiguos cónyuges- ha quedado atrás. Ahora ha nacido una nueva familia. Agradezco a todos los que me felicitaron y con esto me gustaría terminar el mensaje sobre mi vida personal», dijo Maloféyev el pasado martes, dos días después de celebrar las nupcias, a través de su canal de televisión ortodoxo y ultranacionalista «Tsargrad».El enlace tuvo lugar en la selecta localidad cercana a Moscú de Dovil (nombre rusificado de la localidad francesa de Deauville), lugar de residencia de gente adinerada y famosa. Ella acaba de divorciarse del sacerdote ortodoxo, Pável Kóguelman, con quien crió diez hijos, cinco de ellos adoptados. Maloféyev, por su parte, dejó plantada hace justo un año a su anterior esposa, Irina Vílter, con quien tuvo tres hijos, para poder casarse con Lvova-Belova.Sentar en el banquilloEl pasado jueves, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y el fiscal del TPI, Karim Khan, examinaron las posibilidades que existen de sentar en el banquillo a los responsables rusos implicados en «crímenes de guerra». Según Zelenski, «es crucial cumplir con el Estatuto de Roma y garantizar que las decisiones judiciales sobre las órdenes de arresto contra criminales de guerra rusos no sean ignoradas». El Ministerio de Exteriores ucraniano ha impulsado una protesta a nivel diplomático contra Mongolia por no haber implementado la orden de arresto y permitido a Putin entrar y salir del país como si no hubiera habido nada contra él.«Habrá resultados, aunque no será fácil», subrayó el fiscal del TPI. Khan quien quitó hierro a lo sucedido en Mongolia asegurando que «no tiene por qué ser motivo de decepción, ya que el cumplimiento de las normas y la cooperación entre los tribunales –a nivel internacional- no siempre funciona de forma ideal». Khan subrayó que «ya ha habido casos de incumplimientos por parte de algunos estados» y explicó que, cuando se reciben noticias de tales infracciones, se procede a convocar una asamblea general de los estados miembros para tomar una decisión». La Unión Europea ya criticó la actitud de las autoridades de Ulán Bator por no arrestar a Putin. «La UE lamenta y toma nota de la visita del presidente de Rusia a Mongolia el 3 de septiembre, a pesar de la orden de detención dictada contra él por el TPI», se indicaba en un comunicado. Están también sujetos a órdenes de arresto del Tribunal de La Haya el exministro de Defensa ruso y actual secretario del Consejo de Seguridad, Serguéi Shoigú, y varios militares rusos de alto rango por ordenar ataques contra población civil.Asimismo, Zelenski exigió la semana pasada la adopción de medidas contra Brasil, en caso de que el presidente ruso viaje allí a la próxima cumbre del G20 y tampoco sea detenido. «Dentro de unos meses, se celebrará en Brasil una cumbre del G20. Hemos oído que las autoridades brasileñas barján invitar a Putin. Pero para que esto suceda, tendrán que eludir y destruir la ley, e ignorar nuevamente el Estatuto de Roma, ¿no debería haber responsabilidades por eso?», declaró el presidente ucraniano.