En medio de una crisis política implosionada en la alianza gobernante de Encuentro por Corrientes (ECO), el pasado viernes tres ediles pidieron balances de todo 2022; enero y febrero de 2023. También pidieron explicaciones por qué se contrata a empresas privadas para limpieza de la comuna y a los empleados del corralón municipal les pagan $6.000 por semana. “Tenemos sospechas de malversación de fondos públicos”, advirtieron las tres concejales con mayoría en el Concejo Deliberante.
En la localidad de San Carlos a 350 kilómetros de la capital provincial se profundiza la crisis política e institucional, es porque el intendente Emiliano Costaganna (UCR), está sospechado de malversar fondos públicos. El pasado viernes 16/09 las tres ediles Graciela Larraburu –exintendenta- (Partido Popular), Andrea Aquino (Partido Popular) y Nancy González (Norte Grande); que son mayoría en el Concejo Deliberante fueron a pedir informes sobre los balances de todo el año pasado más enero y febrero de 2023.
La respuesta de los empleados de la secretaría de Economía fue que por orden del jefe comunal, no pueden dar ningún tipo de información. Las ediles cerraron así una semana cargada de voltaje político luego de intimar por carta documento al jefe comunal para que envíe el 4% del presupuesto municipal al deliberativo. Norma que establece la autarquía del cuerpo de concejales y que tiene rango constitucional. Pero en San Carlos el intendente radical se autopercibe por sobre la Ley Orgánica de Municipios y la Carta Magna provincial.
“El intendente prohibió que se nos entregue cualquier tipo de documentación”, explicaron las ediles. La semana pasada intimaron al jefe comunal que envió el 4% del presupuesto municipal para la autonomía financiera del Concejo Deliberante. La respuesta fue que esa norma con rango constitucional, fue vetada por el mismo y que se mantendrá así. El alcalde radical les ofreció a las concejales como salida, que abran una cuenta corriente y que les irá depositando dinero.
El viernes último las concejales nuevamente pidieron informes “porque se están tomando empresas privadas para limpiar el pueblo teniendo el personal del corralón a quien le pagan miserias”, explicaron. Esos trabajadores perciben $6.000 por semana “en negro, sin ningún tipo de cobertura social y previsional”, detallaron.
“Por eso sospechamos malversación de fondos” agregaron para reiterar la negativa deliberada del intendente a cumplir con las normas básicas de transparencia. El Concejo Deliberante tiene un total de cinco miembros, dos, por ahora responden al intendente.
El nuevo pedido de informes aprobado el pasado viernes llegó este lunes a primera hora al despacho del jefe comunal. Por la intimación sobre el envío del 4% del presupuesto municipal al Concejo, podrían presentarse instancias judiciales en las próximas semanas.