El gobierno provincial informó que en esos casos habrá “aulas híbridas o estrategias pedagógicas alternativas”. Qué harán con los docentes.


El gobierno de la provincia de Santa Cruz impuso clases virtuales, aulas híbridas o estrategias pedagógicas alternativas para aquellos alumnos que no presenten al menos una dosis de la vacuna contra el coronavirus. Y habrá exigencias adicionales para los docentes en igual situación.

Según informó el Consejo Provincial de Educación (CPE) en un comunicado online, hubo dos resoluciones destinadas a garantizar la educación en la provincia "preservando la salud tanto de docentes como de estudiantes".

La primera, N° 0146/22 "dispone que lxs docentes que decidan no vacunarse, para poder dar clases en las instituciones educativas y estar al frente de lxs estudiantes, deberán presentar una declaración jurada y el test de hisopado con resultado negativo semanalmente".

En tanto, la resolución 0147/22 "establece que lxs estudiantes de todos los niveles y modalidades del sistema educativo de Gestión Pública y Gestión Privada deberán contar con el inicio del esquema de vacunación contra el virus SARS-Co V-2, a partir del inicio del ciclo lectivo 2022".

Asimismo, indica que "lxs estudiantes que no cuenten con este esquema de vacunación tendrán clases virtuales, aulas híbridas o bien se implementarán estrategias pedagógicas alternativas", informó el comunicado.

A pesar de esto, el texto titulado "Educación destaca la importancia del Plan de Vacunación para garantizar la presencialidad continua", subraya que la vacunación "no es obligatoria" y destaca "la importancia de las estrategias y protocolos que se implementarán para el inicio de clases".

En este contexto, la titular de la cartera educativa santacruceña, María Cecilia Velázquez, aseguró que las dos resoluciones se enmarcan en decretos, normativas y leyes nacionales y provinciales, entre ellas la de Seguridad e Higiene.

Velázquez aseguró que no están negando el derecho a la Educación ni obligando a vacunar. "Así como respetamos el derecho a no vacunarse se debe respetar el derecho de lxs que se vacunaron a no contagiarse, al estar con quienes tienen un período de contagio de mayor de 10 días y una mayor virulencia"", dijo la funcionaria de Alicia Kirchner.

"El CPE solicita a la comunidad educativa que cumplan de forma estricta cada uno de los protocolos, exigencias y sugerencias de las autoridades sanitarias y educativas para proteger la salud de los niños, niñas, adolescentes, grupos de familia, personal docente y auxiliares", concluyó el texto.

La medida anunciada generó críticas de Padres Organizados por la Educación, quienes en las redes sociales salieron a responder.

"Desde los 4 años, en todos los niveles educativos y modalidades, Santa Cruz exigirá que los niños estén vacunados con una vacuna no obligatoria para acceder a un derecho obligatorio: educarse", escribieron.

Además, informaron en Twitter que elaboraron una nota modelo para enviar a las escuelas "ya que esta exigencia es ilegal".

Los números y el pase sanitario

El Ministerio de Salud de Nación informó este lunes que la provincia reportó en las últimas 24 horas 123 contagios y que desde el inicio de la pandemia fueron 85.232 los casos en Santa Cruz.

Según el Monitor Público de Vacunación, en la provincia se distribuyeron 763.857 vacunas. Hay 295.701 que cuentan con la primera dosis, mientras que 259.046 ya tienen la segunda.

Los números indican que hay 2.061 personas con aplicación única, 20.039 ya se dieron la de adicional y 68.805 el refuerzo. En total, fueron aplicadas 645.652 vacunas en esa provincia.

Santa Cruz fue una de las provincias que a fin de año impuso como condición para ingresar a la provincia al menos la primera dosis de la vacuna contra el Covid, ante el crecimiento de casos y la proliferación de la variante Ómicron.

Quien no tiene el esquema de vacunación, debe presentar un PCR realizado, como máximo, 72 horas antes. La medida comenzó a regir el martes 28 de diciembre para todos los mayores de 6 años.

Así lo decidieron de manera conjunta la ministra de Producción, Silvina Córdoba, y su par de Salud, Claudio García, quienes firmaron la resolución.