Se cumple hoy un año desde que se impuso el uso obligatorio del barbijo o tapabocas, a través del decreto n°649/20 que firmó el gobernador Gustavo Valdés. Desde ese entonces se ha controlado su uso en oficinas públicas, privadas y en la vía pública mediante retenes.

Por una directiva de las autoridades policiales, el personal de la fuerza debe notificar por escrito a quienes se movilicen sin el barbijo que sus datos personales serán incorporados a una base que será monitoreada luego por el Sistema Integral de Seguridad (SIS).

En caso de incumplir por segunda vez tal disposición se labra ub acta contravencional por Inobservancia de medidas de seguridad dictadas por autoridad competente.

Tal infracción implica una sanción equivalente hasta 10 unidades de multa o arresto hasta cinco días. Una unidad de multa equivale a $1.300 y lo máximo que los efectivos podían sancionar son cinco unidades de multa; es decir más de $6.000.