Esta semana, en un plenario de las Comisiones de Asuntos Constitucionales y Peticiones, Poderes y Reglamento, presidido por el diputado Nicolás Mayoraz (La Libertad Avanza), comenzó el debate para modificar la Ley 26.122, que instrumenta el Régimen legal de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU).

La reunión se concretó a instancia de la moción de emplazamiento del diputado Oscar Agost Carreño (Encuentro Federal), aprobada en la última sesión ordinaria, que contempla un temario de 16 iniciativas que promueven cambios en la norma sancionada en 2006.

La ley 26.122 reglamenta el artículo 99 de la Constitución Nacional y estipula que el único camino posible para derogar un DNU es con el rechazo explícito de ambas cámaras legislativas.

Las propuestas de modificación a la norma de los bloques políticos que integran la Cámara baja, en su mayoría, coinciden en establecer la noción de bicameralidad y en la estipulación de plazos: un DNU perdería vigencia si ambas Cámaras del Congreso no ratifican su aprobación y se establece un tiempo para que las Cámaras puedan expedirse. Vencido ese plazo, el DNU caducaría.

El diputado nacional por Salta, Carlos Zapata, destacó ante Conclusión la importancia del tema. «Es una figura introducida en la reforma del 94 en la Constitución Nacional, la posibilidad que ante casos excepcionales el presidente pueda emitir normas legislativa con determinadas restricciones, sobre todo en materia electoral y tributaria», señaló.

Y observó: «Tratar de llevarlo por imperio de la mayoría a tener una sanción con algún texto que pudiera cambiar las condiciones y quitarle gobernabilidad o algún resorte para que el Presidente que accede al poder en minoría vea limitada sus facultades de llevar la practica lo que votó el pueblo, es una cuestión que no debiera considerarse correcta y mucho menos normal».

El 21 de diciembre de 2023 se publicó en el Boletín Oficial el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 70, conocido por todos como “Bases para la reconstrucción de la Economía Argentina», a través de cual el presidente Javier Milei modificó decenas de leyes, tal como se puede verificar en el artículo 366. 

En ese documento, el presidente argumentó que el país está «atravesando una situación de inédita gravedad, generadora de profundos desequilibrios que impactan negativamente en toda la población, en especial en lo social y económico”.  



Por su lado, la diputada nacional por Santa Fe, Mónica Fein, apuntó que hay que darle calidad institucional al sistema republicano y, en el marco del tratamiento de la ley que regula los DNU, afirmó: «En la Argentina de 1994, los constituyentes definieron que cuando haya necesidad y urgencia pueda el Ejecutivo actuar. Lamentablemente desde el 2000 se empezó a usar dándole un carácter excepcional y en 2006 se hizo ley un mecanismo que ha sido de uso y abuso por distintos presidentes».

«Tenemos una oportunidad, porque el DNU marcó un punto de inflexión, que no hemos podido en Diputados derogar, pero si lo hizo el Senado. Este DNU cambia más de 200 leyes, este presidente tiene el récord de haber firmado más de un DNU por mes», dijo Fein, y agregó que Milei «usa y abusa la necesidad y la urgencia de forma permanente. Hay que devolverle al Congreso su rol. Aquí no estamos juzgando el pasado, sino legislando el futuro».

Consultada por Conclusión sobre las declaraciones del oficialismo donde se critica a la oposición por «entorpecer» la labor presidencial y ponerla al límite de la falta de gobernabilidad, Fein argumentó que «no existe tal ingobernabilidad, están funcionando las instituciones, hay Corte Suprema, hay jueces, y el Ejecutivo tiene plenos poderes, hay que volver al equilibrio y el Ejecutivo tiene que entender que esta es una república».