La administración destacó que la Hidrovía es “una de las reservas hídricas más importantes del mundo” y la principal vía de exportación del país, utilizada para transportar el 80% de los bienes exportados por Argentina. En este contexto, remarcó la necesidad de contar con un operador capacitado bajo “los más altos estándares internacionales y el mejor precio”.



Según Adorni, desde el inicio del proceso, el Ejecutivo se comprometió a realizar una licitación “transparente y competitiva”. Además, se había establecido como condición la cancelación del llamado si solo se presentaba un oferente.



En sus declaraciones, el vocero denunció “presiones” de sectores políticos, empresariales y mediáticos para modificar los requisitos técnicos del pliego y acusaciones contra el Gobierno por presunto direccionamiento a favor de Jan de Nul, actual concesionaria de la Hidrovía, que finalmente no presentó oferta.



Investigación sobre posibles presiones



El Gobierno respondió las impugnaciones de los potenciales oferentes y sostuvo que la justicia validó en tres instancias la legalidad del proceso licitatorio. No obstante, Adorni insistió en que la única oferta recibida fue la de DEME, empresa que había presentado denuncias previas sobre supuesta falta de transparencia y luego se retiró como único competidor.



Ante esta situación, el Gobierno ordenó una investigación para determinar si DEME ejerció presiones sobre otros competidores o si hubo una posible asociación ilícita en perjuicio del Estado y los productores argentinos.



Adorni aseguró que la investigación buscará “aclarar los acontecimientos ocurridos en el marco de esta licitación” y establecer responsabilidades penales en caso de intento de fraude.



Luego, el vocero cedió la palabra al director ejecutivo de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, Iñaki Arreseygor, quien brindó detalles técnicos sobre la situación.



Apertura de sobres y antecedentes



La empresa de origen belga Dredging, Environmental & Marine Engineering (DEME) fue la única que este mediodía presentó una oferta concreta en la licitación de la Hidrovía de los ríos Paraguay y Paraná. Como estaba previsto, a las 13 horas, el portal CONTRAT.AR confirmó el resultado del proceso.



Según informó el Gobierno nacional, para la concesión de la Vía Navegable Troncal (VNT) -como se conoce popularmente la Hidrovía- hubo al menos 11 compañías interesadas, pero finalmente solo una elevó una propuesta cumpliendo con los requisitos de los pliegos. La situación generó sospechas y acusaciones que derivaron en la conferencia brindada por Adorni.



Actualmente, las tareas de dragado, balizamiento y operación de la Hidrovía están a cargo del Estado, que subcontrató a Jan de Nul y Emepa, antiguos concesionarios de la vía fluvial. En el sector sorprendió que la primera de estas empresas no se hubiera presentado para competir con DEME. En 2022, durante el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, se lanzó una licitación internacional para el dragado, pero fue cancelada tras la impugnación de oferentes como la danesa Rodhe Nielsen y la china CCCC Shanghai Dredging.



La compañía china quedó fuera de la nueva compulsa debido a que, en noviembre pasado, el Gobierno emitió una resolución que excluyó a todas las empresas estatales extranjeras del proceso.



Una concesión clave para el comercio exterior



La licitación se había convocado para la “modernización, ampliación, operación y mantenimiento del sistema de señalización y tareas de dragado, redragado y mantenimiento de la Vía Navegable Troncal comprendida entre el kilómetro 1238 del Río Paraná, punto denominado Confluencia, hasta la Zona de Aguas Profundas Naturales en el Río de la Plata exterior, hasta la altura del kilómetro 239,1 del canal Punta Indio, por la vía del Canal Ingeniero Emilio Mitre y el Río Paraná de las Palmas, Río Paraná Bravo, Río Paraná Guazú, Río Talavera y Río Paraná-Océano Atlántico”.



En noviembre del año pasado, el Gobierno anunció el llamado a licitación para la concesión privada a riesgo empresario, en la que el Estado ya no estaría ligado a la gestión y el mantenimiento. Se preveía la incorporación de bases con radares y sistemas satelitales de seguimiento de buques, la renovación total de la señalización para mejorar la navegación y medidas de control para la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo.



En ese momento, el Gobierno informó que los pliegos fueron “el resultado del diálogo y trabajo conjunto con usuarios y provincias que utilizan la vía”, e incluyeron la profundización a 39 pies en el tramo Timbúes-Océano, entre otras condiciones del contrato.