Aunque algunos puedan pensar que todo terminó cuando se pateó para adelante la renovación de la concesión del río Paraná en beneficio del entramado de multinacionales que desde 1995 usufructuraron --y dañaron muy seriamente-- nuestro río más emblemático, esa película no ha terminado.

Los fuertes reclamos de reivindicación de soberanía que se generalizaron gracias a la consistente prédica de algunos colectivos, y de esta columna, han dejado frutos y sobre todo compromisos. De ahí que, si bien el Decreto 427/2021 puso momentáneos paños fríos a la cuestión, esa inteligente medida no derogó, sin embargo, el Decreto 949/2020, que es anterior y es padre y madre de una claudicación y un conflicto que los reclamos populares no han dejado pasar.



Por eso resulta tan valioso que –-en estos días en que todo lo que parece interesar es el proceso electoral que se viene­-- circule una propuesta originada en una agrupación de las varias que se autoasignaron la tarea de concientizar al pueblo argentino en defensa del que llamamos Padre Río. El Frente por la Soberanía Nacional (FSN) plantea en estas horas, transcurridos los 90 días de la prórroga concedida por la Resolución 129/2021 del Ministerio de Transporte, que "la empresa HIDROVIA S.A. reintegre los bienes del Estado que, según registro de la Cámara de Diputados de la Nación en Sesión Ordinaria de 2009" estableció que si bien el Estado concesionante "se comprometió a aportar equipos, repuestos e instalaciones en tierra", los mismos no podían ser utilizados, sin la previa autorización expresa del concedente, en obras ajenas a las previstas en el pliego. Y equipos, además, que se entregaron a partir del inicio de la concesión, con obligación de ser devueltos al finalizar la misma.

Se estableció también que, al finalizar la contratación (o sea desde el 30 de Abril pasado), el concesionario deberá reintegrar al concedente las instalaciones y sus accesorios en condiciones de uso y conservación y con las mejoras realizadas, las que no le otorgarán derecho a retribución alguna por parte del concedente, que es el Estado, o sea el pueblo argentino. O sea que dichos equipos deben ser devueltos en condiciones de operatividad y sin indemnización ni retribución alguna.

Y es que lo concesionado fue sólo el derecho a la tenencia y uso del material, tanto flotante (buques y artefactos navales) como no flotante (equipos, inmuebles, muebles, útiles, muelles e instalaciones fijas), todas las cuales no dejaron de ser propiedad del Estado nacional a lo largo de todo el plazo de la concesión.

El inventario no es pequeño, por cierto, y entre los materiales se encuentran la draga más grande de Latinoamérica (la 256-C "Capitan Núñez) y muchas otras dragas, balizadoras, remolcadores y embarcaciones de apoyo diversas, actualmente atracadas en puertos de las provincias de Corrientes, Entre Ríos y Santa Fe, por lo menos. Y también, obviamente, los varios edificios de la Dirección Nacional de Vías Navegables (DNVN), sus terrenos aledaños, y sus grúas y muelles. Y desde luego los talleres de dicha Dirección en la Isla Demarchi y en las ciudades de Rosario y Corrientes, también por lo menos.

Esta columna recibió críticas, semanas atrás, por señalar la necesidad y urgencia de terminar con el concepto de "Estado bobo" que por años han ido naturalizando algunos vivos en nuestra sociedad. La debida respuesta a esas críticas no es otra que honrar y cumplir en tiempo y forma los contratos de concesión. Por eso, si acaso algunos funcionarios --y empresarios ni se diga-- no estuvieren convenientemente enterados, bueno es recordarles que son muchos los organismos de contralor para el correcto cumplimiento y monitoreo de estas devoluciones de bienes al Estado Argentino, que, obviamente, deben ser devueltos en condiciones de operatividad.

Es por todo lo anterior que la propuesta del mencionado FSN incluye al nutrido conjunto de más de un centenar de organizaciones, colectivos, sindicatos, agrupamientos y personalidades que durante ya muchos meses vinieron –y vinimos– bregando por la recuperación y saneamiento del río Paraná.

Y propuesta que bueno sería que conociera el Presidente de la República en persona y mediante lectura propia, a fin de encabezar la recuperación de la Soberanía sobre el Padre Río, las vías navegables tanto fluviales como marítimas, y el sistema de puertos y astilleros que nuestro país tuvo y perdió, por obra y gracia y disparatadas decisiones de gobiernos genuflexos y neoliberales con camiseta populista.

Todos los colectivos de defensa de la soberanía fluvial y marítima de nuestro país coinciden en que el dragado, señalización y mantenimiento de las aguas deben estar a cargo de organismos del Estado. Y en que todos los proyectos para profundizar y ensanchar el Paraná y cualquier otro río a fin de adecuarlos al tamaño cada vez más grande y de mayor calado de los buques, representan una abusiva acción transnacional además de ser una barbaridad ambiental dígase lo que se diga, porque alteran el ambiente y la biodiversidad.

El rol nocivo de las multinacionales, agroindustriales y mineras, es ya indefendible racionalmente. Tanto en términos ecológicos, como también por otras acciones nocivas para cualquier país, como la evasión fiscal, la subfacturación, el contrabando y la fuga de divisas. Salvo intereses sectoriales y de lobbistas, hoy son indefendicles.

Habrá que tener paciencia, firmeza y tino, porque en el camino se jugará la gran propuesta socioeconómica que hoy necesita imperiosamente la Argentina: volver a crear la Flota Mercante Nacional y Estatal, fluvial y marítima, que a su vez impulsará la reactivación de los Astilleros y Talleres Nacionales, que hace décadas fueron un motor del desarrollo y pueden y deben volver a serlo. Porque generan miles de puestos de trabajo, aprovechan y desarrollan el potencial tecnológico que tenemos, y porque así se recuperará la reserva de carga en bodegas y buques de bandera argentina. No otro es el camino hacia la soberanía marítima que alguna vez este extraordinario país supo tener.