La Comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura de la Nación determinó este miércoles que el diputado del PRO Pablo Tonelli será quien presida la audiencia a la que fue citado el juez correntino Carlos Soto Dávila, el próximo 26 de febrero.



La determinación tomada este miércoles en la reunión extraordinaria de la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo, responde a un acuerdo de los integrantes del grupo, dado que si bien es presidido por el senador justicialista Miguel Pichetto, Tonelli es quien instruyó las denuncias en contra de Soto Dávila.

 

El magistrado correntino fue citado para declarar en el marco de una instancia de defensa, previsto en el trámite que se inició por dos denuncias con pedidos de destitución, luego de que el juez porteño Sergio Torres lo procesara con prisión preventiva por ser el supuesto organizador de una asociación ilícita dedicada al cobro de coimas a narcotraficantes.

 

La reunión convocada para el martes 26 de febrero a las 10, será en el marco de una audiencia de la Comisión de Disciplina, pero abierta al resto de los integrantes del Consejo de la Magistratura.

 

Con un dictamen de la comisión, será el pleno del cuerpo de 13 integrantes el que, con mayoría calificada, determinará si al juez federal de Corrientes lo suspende para que sea sometido a un jury de enjuiciamiento, o bien desestima las denuncias, pese a que también podría aplicarle una sanción, como una multa.

 

Para que el Consejo pueda enviar a juicio político a un juez se necesita el voto de 9 de sus 13 miembros.

 

¿Qué tendrá en cuenta el Consejo? Los integrantes de la comisión podrán hacer preguntas en caso de que Soto Dávila se presente, pero además podrán ingresarse pruebas tales como declaraciones juradas, según indicaron hoy fuentes del organismo a Corrientes en el Aire.

 

Vale señalar, el titular del juzgado federal 1 de Corrientes ejerció su derecho a defenderse en la primera instancia de la investigación judicial desarrollada por Sergio Torres, y negó los cargos en su contra a través de dos escritos con el patrocinio de los abogados Gonzalo Diaz Cantón y Jorge Alcántara.