El procedimiento se llevó a cabo en una estancia, en cercanías de Pasos de los Libres. Las víctimas, oriundas de Misiones, se encontraban en precarias viviendas, sin agua potable, luz eléctrica, baños, ni agua caliente. No tenían abrigo y debían dormir en colchones en mal estado apoyados sobre la tierra.

El Juzgado Federal de Paso de los Libres, a cargo de Gustavo Fresneda, ordenó el viernes pasado, a pedido del fiscal Aníbal Martínez, el allanamiento de la estancia “Don Enrique”, ubicada en el kilómetro 493 de la Ruta Nacional 14, donde fueron identificados 14 trabajadores que se encontraban en condiciones inhumanas en una explotación forestal.

Las víctimas, oriundas de la provincia de Misiones, se encontraban en viviendas precarias con filtraciones de agua, sin agua potable, luz eléctrica, baños ni agua caliente. Además, no tenían abrigo y tenían que dormir en colchones en mal estado apoyados sobre la tierra.

De acuerdo con las averiguaciones, percibían salarios muy por debajo de lo establecido por el convenio del sector y el salario mínimo vital y móvil, tenían jornadas de trabajo que superan el máximo legal permitido y debían consumir agua contaminada con los químicos empleados para la extracción de resina. Los hechos habrían comenzado a producirse desde el 22 de julio pasado.

En el operativo intervinieron profesionales del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata del Ministerio de Justicia de la Nación, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) seccional Posadas, la Dirección del Comité Ejecutivo de Lucha Contra la Trata de Personas (Delegación NEA), la Dirección Nacional de Migraciones (Delegación Corrientes y Paso de los Libres), el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (delegación Chaco), la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Corrientes y Paso de los Libres) y Aguas de Corrientes (oficina Paso de los Libres).


La investigación para liberar a los misioneros explotados en una forestación de Corrientes

La causa se inició el sábado 6, tras un llamado telefónico a la Guardia de Prevención del Escuadrón 7 Paso de Los Libres de Gendarmería en el que un hombre dijo que él y otras personas habían sido trasladadas desde la provincia de Misiones «para trabajar en el campo” y después fueron abandonados frente a la «Estancia Enrique”, cerca de la localidad correntina de Bonpland. Dijo que se encontraban a la deriva, con miedo, y aportó un número telefónico para que los contactaran. Como consecuencia, la guardia de prevención puso en conocimiento a la Unidad de Procedimientos Judiciales de Gendarmería Nacional de esta situación.
Una patrulla motorizada, con personal y medios de la Gendarmería Nacional se dirigió al lugar para constatar la existencia de la estancia y de las personas mencionadas. Los efectivos encontraron un predio con diferentes campamentos de distancias considerables entre sí, donde permanecían los trabajadores.

Interrogados, todos dijeron ser oriundos de la ciudad de San Javier, en la provincia de Misiones, y detallaron que habían arribado al lugar una semana antes y que las condiciones en las que se encontraban no eran las que les habían prometido. Relataron que la persona que les había hecho el ofrecimiento laboral les había dicho que tendrían ganancias de, aproximadamente, 100 mil pesos. Sin embargo, por los dichos de los otros trabajadores del predio, tuvieron conocimiento de que las ganancias rondan aproximadamente los 40 mil pesos, dado que se les abona quince pesos por metro de madera.

Los trabajadores no contaban con abrigos y cocinaban sobre brasas. Expresaron que algunas de las personas que se movían por la estancia estarían armadas, dado que cazaban animales silvestres -que en ocasiones cocinaban allí-, y explicaron que esa situación les generaba “miedo”.

En cuanto a la actividad laboral, expresaron que las jornadas comenzaban a las 6.00 hasta finalizar los trabajos. Precisaron que debían trasladarse caminando por, aproximadamente, tres kilómetros hasta los asientos donde realizanban la tala de árboles o cortes.

Las víctimas declararon que habían llegado en colectivo, y que el valor de los pasajes les iba a ser descontado de los salarios, al igual que los gastos de comida, uso de maquinarias o herramientas e incluso de la electricidad consumida.

Por otro lado, relataron que tuvieron una única entrevista con la persona que se presentó como el responsable del lugar y que en esa oportunidad les habló con una actitud amenazante y les dijo a dos de ellos que no podían salir del lugar hasta haber cumplido cuanto menos treinta días de trabajo.
Fuente: Fiscales.gob.ar