El rector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Ricardo Gelpi, reafirmó este lunes el rechazo de la institución que dirige a la propuesta del Gobierno de que la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) quede a cargo de las auditorías de las universidades nacionales y anunció que la casa de estudios hará una presentación judicial para que sean los jueces quienes determinen si el procedimiento que quiere llevar a cabo el Ejecutivo «se encuentra dentro del marco legal vigente».

El Ejecutivo había dispuesto para este lunes el inicio de las auditorías a las universidades nacionales, que iba a arrancar por la UBA. La institución rechaza esta medida, a la que considera una intervención de la administración del presidente Javier Milei contra la autonomía universitaria. La SIGEN depende de Presidencia y su área de competencia abarca a todos los organismos que están bajo la órbita directa del Poder Ejecutivo.

En una conferencia de prensa brindada en la sede de Rectoría, Gelpi denunció la «disposición unilateral» del Gobierno de anunciar a un organismo «que no posee las competencias para auditar a las universidades» para realizar dicha tarea.

«Eso no significa de ningún modo que nos oponemos a las auditorías. Todo lo contrario. Queremos ser auditados todo lo que sea necesario dentro del marco de las leyes y las instituciones. Y es por esto que hemos decidido presentarnos ante la Justicia para que ella sea la que decida si el procedimiento que quiere llevar a cabo el Gobierno nacional se encuentra dentro del marco legal vigente. Nosotros entendemos que no, pero acataremos de manera irrestricta lo que el Poder Judicial decida», agregó.

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Por su parte, el secretario de Hacienda de la universidad, Matías Ruiz, aseguró que el Ministerio de Capital Humano recibe informes mensuales con un «máximo nivel de detalle de gastos establecidos», y que la UBA «rinde el 100% de los fondos».

En simultáneo con la conferencia de prensa, la universidad publicó en su web un listado de todas las auditorías realizadas, presupuestos aprobados y cuentas de inversión de los períodos 2020-2023, con informes de la Auditoría General de la Nación, las cuentas del Poder Legislativo, la Subsecretaria de Políticas Universitarias, la Contaduría General de la Nación, dependiente del Ministerio de Economía, la Auditoría General de la Universidad y otros documentos públicos.