El mandatario atendió a los trabajadores del Instituto Correntino del Agua y el Ambiente (ICAA) que reclaman la puesta en marcha del escalafón administrativo existente desde 2010. El gobernador prometió que cumplirá con esa normativa que lleva 14 años sin aplicarse. Lo hizo tras conocerse un fallo judicial que ordena eso a las autoridades del ente autárquico. Mientras el paro en la repartición seguirá “hasta que tengamos certeza del cumplimiento de los compromisos”, dijeron los agentes.

Esta mañana el gobernador de la provincia cumplió con su promesa a los trabajadores del Instituto Correntino del Agua y el Ambiente (ICAA) y les hizo otra. Lo primero: los atendió en su despacho de la gobernación como lo había comprometido el pasado viernes 10 de mayo cuando los agentes estatales lo abordaron antes del inicio de un acto oficial.



La nueva promesa es que cumplirá con las demandas de los empleados del organismo provincial. Aplicar el escalafón administrativo que está aprobado pero no se aplica desde el año 2010. “La reunión duró unos minutos y frente a nosotros llamó al Fiscal de Estado y le dijo que aplique el escalafón. Que cumpla con nuestras peticiones”, contó una de las trabajadoras que participó de la reunión.



Tras el breve encuentro con el gobernador los agentes fuero hasta la oficina del abogado del Estado provincial -fiscal de Estado- y allí el funcionario se comprometió a cumplir con lo que indica esa normativa que incluye una serie de mejoras salariales y optimización en la carrera administrativa.



Los empleados mantendrán el paro en el ICAA “hasta que tengamos la certeza de que se cumplirá con lo que nos prometieron”, explicaron.



La decisión del gobernador no fue casual sino causal ya que el pasado viernes 10 de mayo se conoció un fallo judicial a favor de los trabajadores. El mismo da un plazo de 15 días a las autoridades provinciales para cumplir con el pedido de los agentes, aplicar el escalafón administrativo mencionado.



Es el segundo dictamen judicial que hace lugar a lo peticionado por parte de los empleados del ICAA. En este caso quien dictaminó fue la jueza administrativa N°2 María Belén Güemes. (Ver aparte)