La Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes decidió profundizar la investigación sobre el sistenma informático del Juzgado Federal de Paso de los Libres, del que se filtraron datos procesales mediantes "31.300 accesos remotos", es decir hackejos, que derivaron en la obstaculización del procedimientos judiciales.

 

"El peritaje realizado por la Gendarmería Nacional arrojó como conclusión que la seguridad informática era inexistente en este estrado", dijo a Telam la jueza federal subrogante de Paso de los Libres, Cristina Pozzer Penzo, quien reveló esa cantidad de "accesos remotos" al sistema informático de la dependencia judicial correntina.

 

Luego de la pericia a las computadoras ordenada por Pozzer Penzo, la Cámara Federal de Apelaciones resolvió abrir una "información sumaria" para investigar el caso de monitoreo externo y profundizar las pericias mediante el envío del servidor del juzgado al área de seguridad informática del Consejo de la Magistratura de la Nación.

 

Asimismo, se determinó en la Cámara gestionar ante la Corte Suprema de Justicia la contratación de un experto en seguridad informática para el juzgado de Paso de los Libres.

 

"Esto inicia en febrero, cuando me hago cargo del juzgado. Y lo pongo en conocimiento de la Cámara con el diagnóstico de la Gendarmería, que certifica esta debilidad", dijo la jueza.

 

Y destacó que "desde que sacamos ese sistema informático, prácticamente todas las diligencias nos dan resultados positivos", en referencia a la filtración de datos.

 

El espionaje realizado mediante el acceso remoto a las computadoras "se podía realizar desde otra computadora, tablets o celulares", informó la magistrada. "Estamos trabajando datos sensibles", precisó.

 

En este aspecto, detalló que las filtraciones "fueron advertidas a partir del sistema de monitoreo de las cuatro cámaras de seguridad instaladas por la anterior gestión, por la desaparición de elementos. Las cuatro cámaras estaban conectadas a la red de computación con posibilidad de acceso remoto, señala la pericia de Gendarmería, que añade que eso posibilita que sea visible" y "puede afectar la autenticidad de los documentos", explicó Pozzer Penzo.

 

En diálogo con Télam, el titular de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), Marcelo Colombo, sostuvo que al juzgado correntino "les espiaban sus computadoras desde unos controles remotos informáticos".

 

"Cuando la jueza corta ese sistema informático, le empiezan a dar positivos un montón de procedimientos y allanamientos que se hacían con relación a otros casos", precisó.

 

Según el procurador, "esto a nosotros también nos parece importante que lo conozca la Cámara de senadores de la Nación, ya que actualmente está por resolverse la designación de un nuevo juez de Paso de los Libres".

 

"Mi opinión es que debería esperarse hasta saber qué dan estas auditorías sobre las computadoras, para definir quién sería el candidato más apropiado para ocupar ese sillón, porque parece ser una jurisdicción muy sensible, donde pasaron cosas lo suficientemente raras como para que se investigue en profundidad", señaló.

 

Por su parte, el fiscal Schaefer dijo a Télam que en Paso de los Libres "fue muy importante la intervención de la jueza" Pozzer Penzo en los casos de trata en los que estaría vinculado el fiscal Pont, "sobre todo para resguardar la información y que no se filtre".

 

En la fiscalía federal de Paso de los Libres se realiza actualmente una auditoría, a cargo de la Procuración General de la Nación, debido a la imputación al fiscal Benito Pont por la presunta comisión de delitos vinculados a la trata en locales nocturnos y en un hotel de esa localidad, distante 360 kilómetros de la capital.

 

Los responsables de hacer las denuncias fueron Schaefer y Colombo, quienes imputaron a Pont por "integrar una organización criminal dedicada a la trata de personas con fines de explotación sexual", "prevaricato y abuso de autoridad o incumplimiento de los deberes de funcionario público", así como "obstaculización de una investigación por lavado de dinero" y "enriquecimiento ilícito".

 

En esa fiscalía correntina fueron detectadas "más de 40 causas por trata que no prosperaron", dijo a Telam el procurador Colombo.

 

La Procuradora General, Alejandra Gils Carbó, le aceptó hoy la renuncia a Pont. (Telam)