El Gobierno acorrala a docentes de Escuela Agrotécnica “República de Venezuela”
Graves acusaciones contra la rectora del establecimiento Paola Dal Molin salieron a la luz a partir del incumplimiento de una medida cautelar resuelta por la justicia a favor de la docente Karina Victoria Brommer contra la autoridad del organismo escolar dedicado a la formación agrotécnica ubicado la ciudad de Monte Caseros. Todo indica que el gobierno provincial ha decidido incumplir las leyes vigentes contra los derechos de la profesora que denunció irregularidades.
Respecto al clima laboral existen muchas denuncias públicas reiteradas en sede policial, incluso a través de las redes y medios de comunicación que fueron sistemáticamente ninguneados. Fuentes consultadas sugieren que la funcionaria estaría protegida por el poder político correntino, particularmente la ministra de Educación y el propio gobernador Gustavo Valdés ya que fueron informados oportunamente de la situación.
Los hechos comenzaron en el 2020 en plena pandemia, donde unas docentes junto a Brommer en su auto particular, asistieron a muchos alumnos de la zona rural con los trabajos y cuadernillos impresos por ellas. Al visitar a esos alumnos a los domicilios vieron situaciones extremas de falta de sanitarios poniéndose en campaña para ayudar incluso con comestibles, ropas, zapatillas. Aunque Paola Dal Molin estaba al tanto de todo porque una de las activistas integraba el consejo consultivo, solicitando colaboración al grupo que también ella integraba para asistir a los alumnos en estado de precariedad y vulnerabilidad.
Al ver unas publicaciones de las profesoras, la rectora las llamó a cada una y en un tono amenazante les dijo “que fuera la última vez que hicieran eso sin su autorización” con malos tonos.
Cuando los alumnos vuelven a las aulas mostrando alarmantes rasgos de agresividad, se organizaron múltiples charlas donde magistrados, psicólogos y otros especialistas para atenuar los efectos nocivos del encerramiento, la rectora Dal Molin “minimizó e ironizó el trabajo de esos profesionales y luego aplicar su propia estrategia: proteger a los abusadores y ningunear a los abusados, y tanto profesores, alumnos, como tutores sufren las consecuencias” según detallan.
Una imagen descriptiva del perfil de la directiva se aprecia cuando publican una imagen fotografiada con menores exhibiendo bebidas alcohólicas, porque ya es de conocimiento general que organiza “pijamadas nocturnas”. Momentos donde, además del entretenimiento, se darían “charlas de tiente político” con sus protegidos.
Mencionan que algunos alumnos “se divierten” aplicando corriente eléctrica en un alambrado del patio escolar cuando los más tímidos e introvertidos deben sobrepasarlos recibiendo la consecuente descarga en las piernas y zonas íntimas.
Cuando el enrarecido ambiente escolar se fue agravando ocurrió que un tutor colérico lastimó un profesor, motivando que varios colegas eleven sus quejas pidiendo mayor seguridad. La única respuesta de la rectora fue habilitar un “cuadernillo de reclamos”. Después los tildaría de “chismosos”, y que por eso después “los padres vienen a joder a la escuela”. Otro tanto sucedió cuando un joven fue golpeado por sus compañeros y dijo era “una pavada”. La madre terminó cambiando de escuela al alumno.
Para mayo de 2022 las cosas tomaron tal gravedad que decidieron informar todo a la ministra de educación Práxedes López que no dio respuesta, pero luego fueron sancionados por “saltar la vía jerárquica” aun cuando no era el caso.
En una entrevista realizada por el periodista local Ruben Martini, la profesora Verónica Conil en 2023 relata detalladamente casos de bullying, la inacción de la rectora Dal Molin en distintos casos también notificados a la ministra de Educación, y a pesar de los reiterados intentos nadie acusó recibo. Al contrario, fueron perseguidos y suspendidos los profesores que denunciaron casos donde participaban “alumnos, principalmente varones, apañados por directivos”. Un sector del alumnado ganó tal impunidad que sucedieron casos de humillaciones contra el personal.
Entre tantos planteos se supo del abuso a una docente por alumnos de grados superiores que informado por vía correspondiente, no fue siquiera planteado por la directiva. El temor de profesores, padres y alumnos, ante la evidente protección que rodea a Paola Dal Molin no evitó la presentación de acciones judiciales en el mismo sentido. Acciones valientes en una provincia de la politiquería oficial que hace del apriete laboral un culto, donde una rectora, la Ministra de Educación, la Fiscalía de Estado, y la Gobernación disciplinan a trabajadores en batalla desigual.
El emblemático Caso Brommer
Karina Victoria Brommer era personal administrativo de turno mañana y técnico docente en horas de la tarde en la escuela República de Venezuela. Se animó a reclamar la grave violencia institucional tipificada como mobbing. Desde 2020 sufre acoso laboral desde la rectoría, sufriendo un cuadro de estrés contra su salud que la obligó a solicitar licencia por enfermedad. Pasado un tiempo los facultativos diagnosticaron que debería volver al trabajo pero en otro sitio, habida cuenta del inhóspito ambiente laboral que se detalla.
Ante esta situación la docente solicita administrativamente un cambio de destino provisorio mientras se sustancia el juicio (Exptes N° 321 – 13632/24; 321 – 16503/24 y 320 – 9306/24). La Ministra sin causal alguna y pese a los informes favorables del Supervisor Técnico y Dictamen legal manifiesta que “no va a hacer lugar” desacreditando los certificados médicos tildándolos de “truchos”. Entonces no hubo otro camino que llevar el caso a la Justicia pidiendo una medida reparatoria.
El pasado 25 de noviembre los tribunales hacen lugar a la Medida Cautelar y ordena al Ministerio de Educación de la Provincia de Corrientes que “arbitre las medidas necesarias y despliegue la actividad administrativa correspondiente para el traslado transitorio y provisorio de la Señora Brommer Karina Victoria, desde la institución educativa República de Venezuela”, sin modificar su situación de revista, debiendo el Ministerio acreditar el cumplimiento de la medida dispuesta en el plazo que venció el 30 de noviembre pasado. Nunca se cumplió la resolución del juez. Al contrario. Algunas versiones indican que la propia Ministra indicó que no se acatara la orden, ni esa área responda administrativamente porque “la Fiscalía de Estado apelaría la medida”.
Ni los pedidos al Ministerio de Educación desde 2022 hasta la fecha fueron resueltos, ni la decisión judicial mellaron la actitud arbitraria de las autoridades. Como la cautelar no se cumplió “por orden de la Ministra”, la victima solicitó audiencia con el Gobernador, pero tampoco recibió respuesta.
Aun cuando el Supervisor Técnico aconseja el cambio detallando un listado de destinos disponibles permite un nuevo lugar de prestación de servicios, la rectora sólo ofreció mediación para apaciguar el tema de acoso. Brommer y sus letrados ponen énfasis en que la docente “debe volver a trabajar por indicación del psiquiatra y la psicóloga según los certificados médicos, y que no podía seguir prestando servicios en el mismo lugar donde se produjo el acoso, siendo que la prueba del mismo resultará de la sentencia, así que nada tiene que ver el argumento oficial”.
“Lo actitud inexplicable de la ministra Práxedes López es no acatar lo ordenado por la Justicia, y en lugar de proteger a víctima ponerse abiertamente a favor del victimario. En el cambio de destino el Estado no sufre ningún perjuicio y se protege la salud y la vida de la víctima, violando los tratados internaciones y leyes nacionales, y art. 27 y 28 de la Constitución Provincial. Que sea Fiscalía de Estado, órgano extra poder no dependiente del Ejecutivo, quien se haga cargo de la apelación es un síntoma de tremenda arbitrariedad”.
Esa Fiscalía debe hacer cumplir las sentencias a la ministra y es lamentable que el gobernador no tome cartas en el asunto siendo algo tan delicado, porque demuestra el poder arbitrario de López sobre el propio mandatario. Fuentes del Ministerio indican que existía de antemano la negativa a cumplir y pedirle al Gobernador que Fiscalía de Estado apele abandonando a su suerte a la víctima. Los temores se hicieron realidad a principios de diciembre con la apelación con pobres argumentos está rubricada por Horacio Ortega.
Esta docente, por cumplir con sus obligaciones, ahora lidia contra su enfermedad y todo el poder político de Corrientes en desigual batalla.