Miles de personas se manifestaron por el primer aniversario de la desaparición.
Al grito de "¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!", miles de personas marcharon ayer en la capital mexicana y otras ciudades del país para recordar el primer aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes que hace un año fueron secuestrados en el municipio de Iguala, en una tragedia conmovió al mundo y socavó la imagen del gobierno de Enrique Peña Nieto.

Los padres de los estudiantes encabezaron la llamada "Marcha de la Indignación Nacional", donde llevaron grandes fotos de sus hijos al grito de consignas en repudio de la versión oficial del crimen, que fue perpetrado por agentes de policías en complicidad con narcotraficantes.

Los familiares recordaron así la trágica noche del 26 de septiembre de 2014, cuando por lo menos seis personas murieron por ataques de uniformados de Iguala y otras 43 desaparecieron.

La marcha de ayer salió desde la residencia presidencial de Los Pinos y avanzó por el Paseo de la Reforma hacia la histórica Plaza del Zócalo, en el centro de la ciudad. "No podemos descansar en nuestra búsqueda", dijo Felipe de la Cruz, vocero de los familiares de las víctimas.

Los padres de los estudiantes llegaron días atrás desde el convulsionado estado de Guerrero (sur del país) hasta la capital para realizar un ayuno de 43 horas en honor a sus hijos, y para entrevistarse con el presidente Peña Nieto, el jueves pasado.

"Si manifestándonos no sirve, callados menos", dijo Teresa Acevedo, una mujer de 65 años que participó de la marcha en solidaridad con los padres y movida por la indignación ciudadana. "Tengo hijos y no me gustaría que a ellos les hicieran lo mismo", agregó entre lágrimas, mientras exhibía un cartel con la foto de uno de los desaparecidos.

Según versiones coincidentes, los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa fueron perseguidos y secuestrados por la policía de Iguala, tras lo cual fueron entregados al grupo criminal Guerreros Unidos. Allí se les perdió el rastro, aunque según la investigación oficial, en base a testimonios de detenidos, fueron asesinados e incinerados en un basurero cercano.

Pero los padres le reprocharon, en su entrevista con Peña Nieto, lo que consideran una "mentira histórica" sobre lo que sucedió esa noche, y exigen la supervisión internacional de las investigaciones. Un grupo de expertos independientes enviados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) echó por tierra las conclusiones oficiales, con lo que atizó su rabia y desesperación.

Los expertos concluyeron que "no existe ninguna evidencia" de que los jóvenes hayan sido incinerados en el basurero del que habla la fiscalía, cuya hipótesis reside en que los narcos de Guerreros Unidos los calcinaron bajo sospecha de que eran miembros de un cartel enemigo.

La ONU abogó anteayer por un "replanteamiento general" de la investigación y el esclarecimiento de sus "irregularidades", que incluyen "informaciones sobre el uso de la tortura para conseguir confesiones y alteración de evidencias".

Además de la ONU y la CIDH, organizaciones de todo tipo exigen la resolución del caso, visto como el más duro ejemplo de la complicidad entre autoridades y la delincuencia organizada.

Por la investigación del caso hay 111 detenidos; la mayoría son policías, así como el ex alcalde de Iguala José Luis Abarca y su esposa.