El cuerpo del jefe de la barrabrava de Rosario Central, Andrés “Pillín” Bracamonte, se convirtió este lunes casi en un problema de Estado: los familiares quieren cremarlo pero la Justicia lo impide, mientras las salas velatorias se niegan a ofrecer sus instalaciones y servicios para velarlo, y los cementerios locales para enterrarlo.

Tras el asesinato de Bracamonte la noche del sábado, a pocas cuadras del Gigante de Arroyito y una vez terminado el partido de Rosario Central con San Lorenzo de Almagro, el cuerpo del hombre que lideró la barra Canalla por casi tres décadas permanecía hasta la tarde de este lunes en el Instituto Médico Legal (IML), sin un destino claro.

Los médicos del servicio forense le practicaron la autopsia el domingo y determinaron que murió a causa de los cinco balazos que recibió Bracamonte, quien el sábado a la noche se movía en una camioneta junto a un lugarteniente, Daniel Atardo, el “Rana”, quien también murió como consecuencia del ataque armado.

Mientras el Ministerio Público de la Acusación (MPA) da los primeros pasos en la investigación, qué hacer con el cuerpo de “Pillín” se convirtió en un problema este lunes.

“Los familiares quieren cremarlo y el fiscal no autoriza”, dijo a Conclusión una fuente del Ministerio de Seguridad. “Si quisieran, pueden enterrarlo. Pero no quieren”, agregó.

Un vocero del MPA confirmó que el fiscal del caso, Alejandro Ferlazzo, dio la orden de no cremar el cuerpo del famoso barra que residía en un country de Ibarlucea. “Al tener otras causas en curso, se solicitó no cremar el cuerpo”, dijo el vocero de la Fiscalía Regional 2da. “Sí lo pueden disponer para entierro”, abundó.

En ese punto se suscitó otro inconveniente. Según trascendió, tanto las casas velatorias de la ciudad como los cementerios locales no quieren recibir el cuerpo, por cuestiones de seguridad.

Además, el vocero del Ministerio de Seguridad explicó que el cuerpo no puede permanecer allí por un plazo indefinido: «Entiendo que el IML no está preparado para tener un cuerpo tanto tiempo«.

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De hecho, el Instituto Médico Legal (IML) amaneció este lunes con una fortísima custodia policial, inhabitual en el edificio ubicado en bulevar Avellaneda y 3 de Febrero.

El gobierno provincial decidió reforzar la presencia de la fuerza de seguridad en el lugar para prevenir un potencial ataque, con el objetivo de evitar que el resonante asesinato de Bracamonte -que había sido víctima de ataque similares en varias ocasiones, la última en agosto pasado- devenga en una espiral de violencia que interrumpa el notorio descenso de homicidios que consiguieron la Casa Gris y la Rosada en los últimos seis meses.

El ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, dijo este lunes en rueda de prensa que “vamos a cuidar al máximo lo logrado en estos 11 meses para que los rosarinos puedan seguir viviendo con tranquilidad”.

Ésa es la principal cuestión de desvela a los funcionarios del gobierno santafesino. El ministro afirmó que se encuentran “todos los recursos disponibles de las áreas policiales, investigativas y de inteligencia, tanto provinciales como nacionales, y todos los recursos que sean necesarios para dar con el pronto esclarecimiento de este hecho”, y evitar una espiralización de la violencia.