Se trata de Alejandro Fischer, lo confirmó el fiscal federal Patricio Sabadini, en declaraciones a Canal 9, aunque no dio nombres. Para la Justicia, Fischer es el verdadero dueño de la empresa de recolección de residuos PIMP, que en verdad, figura a nombre de su mujer, Fátima Rigassio y de su madre.

 

Rigassio y Fischer tienen orden de captura y prohibición de salir del país, dispuesta por la juez federal Zunilda Niremperger, a pedido del fiscal Sabadini.

 

Antes de finalizar el mandato de Ayala, el Centro Mandela había elaborado un informe en el que daba detalles de los hechos que ahora se investigan. Aun así el actual intendente Jorge Capitanich decidió prorrogar los contratos con esa empresa.