Llegamos al fin de este enero de 2021, plena temporada de verano. Para muchxs, una de las peores de los últimos treinta años, con una escasez de visitantes no solo en las salas teatrales sino también en las principales ciudades de veraneo. Una de las pocas que vive una temporada gloriosa es Cariló, con turistas para hacer dulce. Aquellos que no pudieron viajar a Punta del Este o al extranjero volvieron a disfrutar de las hermosas playas argentinas en medio de esta pandemia que nos preocupa a todxs.

Ingenuamente, yo creía que en esta fecha estaría todo mucho más tranquilo y controlado, pero no es así. La falta de conciencia de muchxs, la irresponsabilidad de otrxs, las fiestas clandestinas y la rebeldía al uso del tapabocas nos tienen en un verano más tenso que el clima entre el oficialismo y la oposición.

Muchas jurisdicciones se lo toman de manera diferente: la semana pasada, Formosa volvió a estar nuevamente en el ojo de la tormenta por ser una de las provincias que aún mantiene un protocolo muy estricto de aislamiento de su población. Además de ser muy restrictiva con el ingreso de gente a la provincia. La historia viene desde el año pasado, cuando la Corte Suprema de Justicia después de un hábeas corpus que presentó una persona que quedó varada en las afueras de la provincia, determinó que ninguna provincia de la Argentina tiene fronteras internas y no se le puede restringir el ingreso y la circulación a los habitantes dentro del país.

Estamos de acuerdo con que las medidas de control de ingresos frente a una situación de pandemia son necesarias. Lo que no se puede hacer bajo ningún punto de vista es prohibir ingresos y salidas dentro del territorio argentino a ningún habitante.

En un momento, en Formosa, llegó a tener en espera a más de 1700 personas que intentaban volver a sus casas. Fue de público conocimiento, al inicio de la pandemia, el caos de las largas colas de gente acampando con lo que podía al costado de la ruta durante meses y nadie hizo nada. Finalmente, en noviembre la Corte Suprema ordenó que la provincia debía arbitrar todas las medidas para que se garantizara el ingreso, obviamente con el control correspondiente y en los casos detectados como positivos, seguir el protocolo y aislar a las personas. No hubo más justificación para tener a la genta varada hasta más de quince días en la ruta esperando poder ingresar.

La semana pasada llegó a la provincia el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla. En mi humilde opinión, debió viajar mucho antes. Hace más de veinte días hay denuncias de personas que estaban y están aún hoy alojadas en distintos espacios. Los casos incluyen a familias enteras que están aisladas cuando tienen hasta cinco hisopados negativos. También hay quienes dicen haber estado más de catorce días aisladas, sin una justificación formal del por qué. Una familia declara que a principio de año habían aislado al padre por dar positivo y, en consecuencia, también alojaron al resto de sus integrantes en los centros de aislamiento. A pesar de obtener resultados negativos, estos fueron pasando de un recinto a otro. Un dato no menor es que la madre de esta familia estaba embarazada de cuatro meses y en todo este proceso que les tocó vivir, experimentó un alto nivel de estrés y perdió a su bebé. Este sería uno de los tantos casos, todos muy diferentes. Finalmente, a pedido de varias ONGS y de referentes de la oposición se abrió una investigación alegando malas condiciones higiénicas de los centros de aislamiento y un atropello sobre las libertades de los residentes.

¿Qué dijo la provincia? El gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, expresó que todo lo hacían en función del cuidado sanitario. Disculpe, señor gobernador, celebro su responsabilidad por el cuidado de lxs ciudadanxs de su provincia, pero lo que acá esta en discusión son las estrictas medidas de restricción que vive Formosa, que según los denunciantes, rozarían las violaciones a los derechos humanos. Hoy su provincia es una de las más severas, inclusivo se está investigando si las libertades de las personas con o sin COVID están en riesgo, al mantenerlas más tiempo del permitido epidemiológicamente dentro de un centro de aislamiento. No se entiende el sentido de eficacia de esta medida si finalmente termina generando lo que se proponía prevenir: al reunir en un mismo espacio a personas infectadas, según los denunciantes, con gente sana estarían exponiendo a estos a un contagio evitable.

Todo este escenario nos remonta a una tensión que roza la tragedia: por un lado, el Estado debe estar más presente que nunca para proteger la salud pública. Frente a mayor irresponsabilidad ciudadana, incluso, mayor debe ser el control lamentablemente. Por otra parte, en el ejercicio de ese control se producen excesos, que como Formosa parece demostrar, terminan volviéndose en contra del mismo ciudadano que debería proteger. No podemos convertir a estos dos extremos en una nueva grieta: tiene que haber un modo de encontrar un sano equilibrio, o al menos uno que sea respetuoso de los derechos humanos.