La cuestión del río Paraná se ha convertido en el debate medular de la verdadera independencia contemporánea de la República Argentina, hoy amenazada de manera tan sutil como evidente, debate que se concentra en el ministro de Transportes, Mario Meoni, cuya interpretación del DNU 949/2020 implica la continuación disimulada del descontrol absoluto de los casi 30 puertos de salida de todos los productos agropecuarios y de entrada de importaciones, lo que incluye el contrabando de todo lo contrabandeable.


Cabe todavía la esperanza de que el próximo 30 de abril, cuando venza la nefasta concesión dispuesta por el gobierno menemista hace 25 años, el río Paraná no será entregado nuevamente en administración, ni privatizado bajo formas jurídicas encubiertas al servicio de los mismos intereses que desde 1845 vienen limitando nuestros derechos soberanos.

La lucha cívica por la reafirmación de la soberanía nacional sobre nuestro río es clave de irrenunciable potestad territorial y no mera defensa de la autoridad formal, vacua, anodina que es solamente colocar la bandera sobre edificios y navíos que no son argentinos. No nos interesa un río con símbolos patrios de cobertura, si sólo sirve para engordar balances de empresas depredadoras que abusan de nuestras riquezas y destruyen directa e indirectamente bosques, pampas, montañas y nuestras aguas y acaparan el comercio exterior sin controles fiscales ni sanitarios.

Parece hora de entender que el verdadero y sano concepto de soberanía es el que no sólo defiende la propiedad territorial sino también lo que el territorio produce para beneficio de todos y todas. O sea, soberanía es trabajo y cuidado del ambiente. De ahí la inconveniencia de que se renueve toda concesión a capitales, empresas y operadores extranjeros, máxime cuando el trabajo argentino es probadamente capaz de realizarlo en todas las etapas y con calidad y limpieza.

Y menos aún convienen concesiones si no se tienen: a) claras garantías de cuidado ambiental por parte de todos los barcos que circulen por el Paraná y todos nuestros ríos y costas marítimas, que solamente controles del Estado pueden dar; b) componente nacional mayoritario en la construcción y mantenimiento de todas las dragas, que se deben seguir construyendo en suelo y astilleros argentinos, lo que de por sí asegura más de 20.000 puestos de trabajo: c) que la AFIP controle la veracidad de pesaje de todo lo que circule por el Paraná y cobre los impuestos correspondientes, además de los de cada provincia; d) que la UIF (Unidad de Información Financiera) analice y controle toda la información a efectos de prevenir e impedir el lavado de activos provenientes del indudable contrabando que impera en la actualidad y de modo descontrolado; e) que el SENASA ejecute libremente el control de todos los barcos, aplicando las políticas nacionales en materia de sanidad y calidad animal y vegetal y la inocuidad de los alimentos que salen y entran por el río, así como el control de las importaciones y exportaciones de origen animal y vegetal,

De lo anterior deriva la propuesta creciente de crear un Ente Nacional del Río Paraná, que reporte directamente a la Jefatura de Gabinete de la Nación y esté constituído, como fue la original idea del Presidente Alberto Fernández, por el gobierno federal y los de las 7 provincias ribereñas. Y cuya cabecera no debiera estar en la CABA sino en alguna ciudad de la costa del Paraná.

Todo esto se vincula también con el tráfico intenso y ya vital para la vecina república del Paraguay, hoy potencia naviera fluvial con sólo dos ríos (Pilcomayo y Paraguay) pero dueña de hecho de la inmensidad acuífera extranjerizada que es nuestro Paraná y cuyas barcazas llenas de soja de contrabando no pagan impuestos en la Argentina. En ese contexto se puede explicar la activísima furia radical-macrista contra el gobierno formoseño. Y es que guste o no, Insfrán y Capitanich parecen ser los únicos gobernadores, junto con Kicillof, que se oponen al renovado viento privatizador Menem-Style.

El proyecto de Meoni ­sigue la lógica menemista de privatizar todo lo que se pueda. Y por eso mismo hay cada vez más patriotas reclamando que no se entregue el río ni el sistema fluvial, que se recuperen todos los controles, y que se acabe la dictadura de la Bolsa de Comercio de Rosario, que licita sus autoridades entre millonarios y que controla y protege a las corporaciones y a los barcos extranjeros cuyas cargas nadie pesa, nadie conoce sus verdaderos contenidos, y no hay poder de policía fluvial que valga. Porque hoy el Paraná ya no es navegado por barcos argentinos, pues casi no quedan, y todas son banderas extranjeras enseñoreadas sobre nuestro río, mientras la Prefectura Naval anda en barquitos viejos que sólo persiguen pescadores y a veces turistas.

También hay fuentes que informan que hay un fuerte retroceso respecto del Canal Magdalena, aparente verdadera intención del ministro Meoni, que preferiría patear la cuestión hasta por lo menos 2025, no se sabe si por intereses inconfesados o porque desconoce el hecho esencial de que los estudios ya están hechos y sólo falta llamar a audiencia pública, preparar los pliegos y llamar a licitación para ejecutar la obra. De otro modo no se explica su intención de "empezar a hacer estudios" que ya están hechos, como si quisiera volver todo al principio para que no se haga el Magdalena, que es lo que viene impulsando la Bolsa de Comercio rosarina, que es una de las instituciones más cuestionadas del interior del país y por el mundo agropecuario pero que insólitamente sigue siendo la principal referencia en asuntos granarios, portuarios y relacionados.

Es evidente que nuestro país está siendo cercado para la colonización de sus recursos, además, por razones geoestratégicas, que es la gran comprensión histórica que han tenido Gran Bretaña y los Estados Unidos, para cuyos gobiernos mirar los mapas y rutas de navegación han forjado su gran tradición para afirmar dominios en todos los mares del mundo. Ellos saben perfectamente la importancia de dominar el Atlántico Sur desde Malvinas y el sur continental.

La soberanía nacional no es un vacío retórico, sino la afirmación de una postura necesaria y posible frente al mundo. Nuestra independencia tampoco es retórica. La soberanía nacional es posible, es necesaria y es el camino de crecimiento y felicidad de nuestro pueblo porque Soberanía es Trabajo y Cuidado de la casa común. Todo lo demás es mentira, cuento, fabulaciones pagadas desde el extranjero.

Es evidente que Meoni y los lobbies intentan convencer al Presidente de que el dragado del Paraná sólo puede ser hecho por pocos operadores, lo que no es verdad. Como no lo es que el Estado no tiene herramientas para hacerlo. No es confiable Meoni cuando sostiene que "en una grúa sacando arena no hay Soberanía", como le dijo por radio a Reynaldo Sietecase, en involuntaria evocación a Bernardo Neustadt cuando en los años 90 abrió un teléfono en cámara diciendo que ahí no había Soberanía.

Como señala Pedro Peretti, "en toda draga hay soberanía si se hace en la Argentina, con trabajo argentino, piezas de industria argentina y por ingenieros argentinos. Ahí está la soberanía que no veía Neustadt ni quiere ver Meoni". Son ojos colonizados, además, porque aquí se construyeron 88 dragas antes de regalar el río, según datos de la UBA, y es un hecho que la megaempresa belga Jan de Nul, administradora y superbeneficiaria hasta ahora, emplea dragas argentinas manejadas por argentinos. Con lo que son 20.000 puestos de trabajo los que están en disputa.