Se la logró en un juicio abreviado pleno, contemplado en el nuevo Código Procesal Penal. Un proceso que se culminó en solo cuatro meses. Los condenados dijeron que cazaron por necesidad, pero le incautaron celulares de alta gama y equipo GPS para no extraviarse en el monte.

La condena dictada recientemente por el Juzgado de Garantías de Curuzú Cuatiá, tras la acusación del fiscal de Investigaciones Concretas Rural y Ambiental de la Tercera Circunscripción, doctor Gerardo Humberto Cabral, es única y ejemplar en todo el país, puesto que hasta hoy no existían antecedentes de un proceso que haya culminado con la sanción penal para cazadores furtivos.

La condena a seis meses de prisión en suspenso, un año y medio de inhabilitación para cazar y el cumplimiento, por un plazo de 2 años de determinadas reglas de conducta, se hace más destacable al haberse logrado en un proceso de solo cuatro meses, gracias a la figura del juicio abreviado pleno, contemplada en el nuevo Código Procesal Penal. Con ella, se agilizan ostensiblemente los tiempos y se optimizan recursos, sin perder calidad en el servicio de justicia.

“Se evidencia claramente en este caso la infracción a la ley penal, debido a que los imputados no tienen autorización para ejercer la actividad de caza, no cuentan con autorización de ningún propietario para la actividad de cazar, sino que además estaban en la vía pública con la res furtiva, en cualquiera de los casos sin la licencia para ejercer la actividad cinegética conforme lo autoriza la Dirección de Recursos Naturales de la Provincia”, sostuvo el doctor Cabral en su acusación.

Los condenados, dos hombres de 30 y 34 años, fueron detenidos el pasado 7 de mayo en un camino vecinal y ruta provincial N.° 23, a cien metros al sur del puente del río Barrancas, Departamento de Sauce, mientras trasladaban, en una moto 150 centímetros cúbicos, 22 kilos de carne de un ciervo axis ya faenado. Ambos adujeron en sus declaraciones, asentadas en los informes socio ambientales que se realizaron, que cazaron el animal por una supuesta carencia de recursos para alimentar a sus familias, ya que se dedican a la albañilería. Sin embargo, entre las pruebas en su contra, aparecen celulares de alta gama y un equipo de georeferenciación satelital (GPS) para no perderse en los montes, que le fueron incautados al momento de la detención.