Más de 1.5 millones de niñas y niños viven en hogares donde no se llega a cubrir el valor de una canasta básica alimentaria, pero desde el organismo de la ONU afirmaron que se trata de un problema estructural que va más allá de la falta de ingresos.

 



En la Argentina más de la mitad de los niños, niñas y adolescentes crecen en situación de pobreza, de acuerdo con cifras del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), por lo que desde el organismo pidieron un mayo compromiso del próximo Gobierno para velar por los intereses de la infancia.

 

La pobreza en la niñez "es un problema estructural que va más allá de la falta de ingresos" e incluye deudas pendientes que el Estado tiene con ellos, como el acceso a la salud y la educación, o a una vivienda adecuada y al agua potable.

 

"Por eso les pedimos a todas las ciudadanas y ciudadanos que se unan a la campaña #LaDeudaEsConLaNiñez y pidan a los candidatos que la infancia y la adolescencia sea un tema prioritario en sus propuestas electorales, y en la implementación de políticas", expresó Luisa Brumana, representante de UNICEF Argentina.

 

Algunas de las deudas del Estado con la niñez en Argentina son:



Acceso al sistema de protección social a través de la Asignación Universal por Hijo (AUH), ya que cada año cerca de 300 mil niños y niñas pierden esa cobertura por no poder certificar el cumplimiento de condicionalidades. El próximo Gobierno enfrentará el desafío de asegurar una cobertura universal y mejorar los mecanismos de actualización para lograr que más familias salgan de la pobreza.

 

El 21% de niños y niñas de entre 0 y 3 años no puede acceder a servicios de educación y cuidado, por lo que el próximo Gobierno deberá implementar una Estrategia Nacional de Primera Infancia que amplíe la cobertura y avance en una nueva ley de licencias por maternidad y paternidad, equitativa en términos de género.

 

El próximo Gobierno también tiene el desafío de ampliar el acceso a la educación en el nivel inicial, tanto en la cobertura obligatoria de la sala de 5 y 4 años como en el acceso de los niños y niñas de 2 y 3 años a las salas opcionales.

 



En el caso de los adolescentes, el próximo Gobierno tiene por delante la tarea de garantizar la educación de calidad para los 500 mil jóvenes de menos de 18 años que hoy no asisten a la escuela. De los que sí van solo el 50% logra terminarla en los plazos esperados, el 70% no alcanza un nivel satisfactorio en matemática y el 40% no lo logra en lengua.

 



Los adolescentes también están rezagados en las prioridades del Gobierno y la próxima administración tiene el desafío de garantizar el acceso a la salud de los menores de 18 años: el 70% de los embarazos de madres de menos de 19 años no son intencionales, y hay una alta probabilidad de que 2.500 de los ocurridos en niñas menores de 15 sean producto de un abuso sexual.

 

Por eso se espera del próximo Gobierno un Plan Nacional de Prevención del Embarazo no Intencional en la Adolescencia (Plan ENIA), fortalecer la estrategia de Asesorías en Salud Integral en Escuelas Secundarias.La próxima administración nacional tendrá que enfrentarse a desafíos como el acceso de la niñez a una alimentación saludable, equilibrada y de calidad para contrarrestar los efectos tanto de la desnutrición como de la malnutrición.

 

En Argentina más de 1.5 millones de niñas y niños viven en hogares donde no se puede cubrir una canasta básica alimentaria mientras que el 41,1% de la población entre los 5 y los 17 años tiene sobrepeso y obesidad. Para este segundo grupo harán falta medidas de etiquetado de alimentos, políticas fiscales, regulación de la publicidad y campañas de comunicación.

 



El 70% de los hogares utiliza métodos de crianza violenta, como agresiones verbales y castigo físico. Las niñas y los niños sufren violencia también en la escuela o en las redes sociales. Es clave fortalecer los Servicios de Protección Integral e implementar campañas de prevención, entre otras medidas.

 

Las y los adolescentes privados de libertad forman parte del sector más vulnerable de la sociedad: el 28% vivió en la calle y el 78% tuvo dificultades para asistir a la escuela. Por eso, de acuerdo con Unicef, será prioritario contar con una Ley de Justicia Juvenil en línea con los estándares internacionales y que no baje la edad de imputabilidad.