El 98 por ciento de los portadores son varones. Se estima que casi 800 mil personas a las que se habilitó para poseer armas de fuego tienen sus permisos vencidos.



Apuñaladas, golpeadas, estranguladas, quemadas: todos los días una mujer es asesinada por el hecho de ser mujer en Argentina. Los femicidios no merman y las manifestaciones en las calles que reclaman Ni Una Menos apuntan con fuerza a la responsabilidad del Estado para frenar estos crímenes. Además de la prevención, la educación y las líneas de asistencia y acompañamiento para víctimas uno de los ejes sobre los cuales es posible hacer foco es en la circulación de armas. Uno de cada cuatro femicidios son causados por disparos de bala: el gatillo femicida. Armas que no regula ni controla el propio Estado. Casi 800.000 personas a las que se ha habilitado para poseer armas de fuego tienen sus permisos vencidos. Y el Plan Nacional de Entrega Voluntaria de armas de fuego está frenado desde el cambio de gobierno.

 

Las estadísticas oficiales señalan que de 2012 a la febrero de este año, las armas de fuego fueron el medio más utilizado en los femicidios. El Registro, Sistematización y Seguimiento de Femicidios y Homicidios Agravados por el género del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación contó 208 mujeres asesinadas por disparos de balas en ese período, sobre un total de 815 casos. Se trata de un 25 por ciento de los femicidios.

 

En 2016 el Observatorio de Femicidios Maricel Zambrano, de la Asociación Civil Casa del Encuentro, relevó 290 femicidios: 72 de esas mujeres murieron baleadas. Y 19 de los femicidas pertenecían o habían integrado fuerzas de seguridad: estaban armados con revólveres que les dio el propio Estado.

 

“Las armas no transmiten seguridad, son un vector que transmiten violencia y potencian riesgos: en una situación conflictiva de violencia machista, por ejemplo, potencia riesgos para las mujeres. La sola presencia de armas de fuego incrementa las posibilidades de que ocurra un femicidio, un accidente o un suicidio. En Argentina mueren 8 personas por día por el uso de armas de fuego.” dijo a El Destape Aldana Romano, directora Ejecutiva del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) e integrante de la Red Argentina contra el Desarme (RAD).

 

La mayor cantidad de homicidios dolosos por armas no se produce en ocasión de otros delitos como un robo, sino que se dan ante conflictos interpersonales: peleas entre vecinos, discusiones y, también, casos de violencia machista. “2 de cada 3 de estos homicidios son en conflictos interpersonales”, señala la especialista.

 

Desde la RAD vienen denunciando que el programa de entrega voluntaria, creado hace más de 10 años, lleva “un año frenado por falta de voluntad política”. Desde su creación en 2007 hasta 2015 se entregaron voluntariamente 19.463 por año. Un total de 175.170. Solo el 12% de las armas registradas: es decir, la mayoría provenía del mercado ilegal. A cambio de la entrega se otorgaba un incentivo que iba desde $200 a $600 pesos, de acuerdo al calibre del arma. Luego, las armas eran destruidas en su totalidad y el metal que se fundía se donaba al Hospital Garrahan. En 2013 el Programa recibió el premio Política del Futuro que otorga Naciones Unidas a través de la Oficina de Asuntos de Desarme (UNODA), el Consejo Mundial del Futuro y la Unión Interparlamentaria.

 

Con la llegada de Mauricio Macri a la presidencia, el desarme civil que iba en aumento se puso en pausa. Está suspendido a la espera de la sanción de la norma que prorroga el Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego. Como está sujeto a una Ley de Emergencia Nacional, necesita una prórroga del Congreso. En septiembre del año pasado se aprobó el presupuesto en el órgano legislativo pero el ejecutivo todavía no lo ejecutó. “Al Estado parece no importarle el control de armas”, dice la especialista de la RAD.

 

A su vez, el gobierno no cumple con la implementación de la ley que creó la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC), organismo que reemplaza al RENAR para fortalecer las tareas de registración y control del mercado de armas.

 

Con más armas en las calles las vidas de las mujeres corren aún más peligro, en Argentina el 96,5 por ciento de los usuarios civiles de armas son varones y solo el 3,4 por ciento mujeres. “Ellas son las principales promotoras del desarme civil. El arma es un elemento fálico: es un instrumento de dominación y sobre todo sobre las mujeres”, señala Romano. Quienes las fabrican, venden y gatillan son varones.