"Se han perdido 50 mil puestos de trabajo directos y más de 100 mil indirectos", afirmó el gremio. En Corrientes el cierre de obras en Añá Cuá es uno de los impactos más negativos a nivel país.



La Unión Obrera de la Construcción (UOCRA) reveló que en lo que va del gobierno de Javier Milei se perdieron 50 mil puestos de trabajo directos en el sector, producto de las políticas de ajuste y paralización de la obra pública. Por esta razón, se declaró en “estado de alerta y asamblea permanente”, una medida que deja al gremio a un paso de las medidas de fuerza encendidas en varias ramas de la producción.



La declaración del sindicato que conduce Gerardo Martínez, que durante la campaña había sido presentado por Milei como un modelo para la política laboral que él intentará generalizar, fue lanzada a través de un durísimo comunicado que responsabiliza al Gobierno de la crisis.



En la provincia de Corrientes sigue sin saberse qué pasará con la paralización de las obras en la represa hidroeléctrica Añá Cuá, al menos 450 operarios quedaron sin trabajo desde el 31 de diciembre de 2023.



El texto denuncia “la pérdida de puestos de trabajo”, la “desaceleración de la inversión” y la “ausencia de gestión e interlocutores válidos” para encontrar mejoras en el sector.



También cuestiona al sector privado por no acordar “una recomposición salarial justa y suficiente” para las obras en marcha, y advierte que esta coyuntura “pone en grave riesgo la continuidad laboral de gran parte de la actividad”.



El sindicato denunció que en los dos últimos meses, es decir desde la asunción de Milei, “se han perdido 50 mil puestos de trabajo directos y más de 100 mil indirectos”.



El motivo, sostuvieron, es básicamente “la desfinanciación y consecuente paralización de las obras pública en ejecución”. Por eso, agregó, “es inaceptable que el Gobierno no se responsabilice de estas consecuencias económicas, laborales y sociales de sus propias medidas”.



También es preocupante “que no convoque al diálogo social y ponga en riesgo la seguridad en materia de inversión en obras, afectando las impostergables demandas por desarrollo económico y social de todas las regiones”.



Paralelamente salió echó por tierra el argumento del presidente Milei que, tanto durante la campaña como a lo largo de su gestión, sostuvo que la obra pública sería reemplazada por la iniciativa de las empresas.



“La obra privada no ha alcanzado aún niveles de actividad que compensen la drástica caída y nada indica que los privados sustituyan finalmente el rol y el financiamiento estatal”, argumentó el gremio.



Luego apuntó al drama salarial: “La reticencia del sector empresario” para mejorar la situación y “preservar el poder adquisitivo”, hace que los trabajadores se enfrenten a “una inflación sostenida” que los “castiga” y que no pueden enfrentar de otra manera que no sea con una suba de ingresos.